Los abogados del ingeniero Temístocles Montás consideraron que la Procuraduría General de la República actuó en forma responsable en el caso de su defendido porque al no encontrar pruebas para sustentar las imputaciones iniciales de los sobornos de Odebrecht, procedió a su archivo provisional.
Los juristas Luz Díaz y Manuel Rodríguez explicaron que después de una larga investigación de la hipótesis de que Montás habría recibido sobornos a cambio de favorecer con obras públicas a la constructora brasileña, el ministerio público tuvo que admitir que esos hechos no se produjeron.
Díaz informó que aun “no se nos ha notificado el archivo provisional”, por lo que esperan que durante esta semana el recibo de esa comunicación formal para determinar cuáles son los aspectos que quedaron cerrados y sobre cuáles aun se va a seguir depurando el expediente.
Al ser entrevistada en el telematutino Hoy Mismo, por Color Visión, Díaz consideró que la Procuraduría llegó a la conclusión de archivar las imputaciones contra Montás porque “no hay probabilidad de que en un juicio esa persona sea condenada”.
Dijo que tanto en las audiencias de conocimiento de las medidas de coerción como posterior a ellas, la defensa de Montás depositó documentos probatorios, incluyendo análisis financieros y de patrimonio, para desmontar las imputaciones en su contra.
No obstante, la jurista recordó que Montás ha dicho que el ministerio público y cualquier interesado puede seguir investigando porque está seguro que nadie encontrará elementos para probar que él haya actuado por fuera de la ley.
Sobre el supuesto trato privilegiado a Montás
El abogado Manuel Rodríguez descartó las versiones circulantes de que con la decisión del ministerio público de archivar las imputaciones se ha dado un trato privilegiado a Montás, puesto que, por el contrario, fue objeto de actos que provocaron daños a su defendido.
Señaló que fue el propio Montás quien dijo públicamente que estaba en disposición de someterse a cualquier investigación, que acudió a interrogatorio del ministerio público, que siendo una persona con arraigo y ministro, se le arrestó, se le violó el plazo para acusarlo o ponerlo en libertad y luego pidieron medida de coerción de 18 meses y se le impuso un año.
Ante la pregunta de si frente al daño moral y personal provocado por las imputaciones del ministerio público a Montás hay la posibilidad de una demanda por daños y perjuicios, Rodríguez señaló que eso está establecido en el ordenamiento jurídico, pero que su defendido no ha manifestado ese interés.
“El archivo provisional es un reconocimiento de que el ministerio público no tenía pruebas contra Montás”, apuntó el jurista.
