Santo Domingo. –La Procuraduría General de la República informó ayer que logró que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER) aceptara someterse a un juicio penal abreviado en el país, para reconocer su culpabilidad ante la justicia por el pago de US$3.5 millones en sobornos para la adquisición de ocho aviones Súper Tucano en el año 2009.
A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría dijo que el pasado lunes la empresa EMBRAER pagó al país US$7.0 millones, equivalente a la sanción económica máxima imponible localmente para el delito de soborno, de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, suma que fue depositada provisionalmente en una cuenta bancaria de la institución.
El acuerdo fue depositado en la tarde de ayer en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Explicó que como condición el ministerio público exigió a EMBRAER que, luego de que sea aprobado por un juez, esta empresa entregue información detallada sobre esos sobornos que ante la justicia de Estados Unidos admitió haber pagado en el país.
La institución indica que esa información detallada incluye los pormenores del mecanismo utilizado para efectuar los desembolsos, los datos sobre las transacciones e identificar a cada una de las personas que habrían intervenido en la recepción de ese dinero y quiénes se beneficiaron.
Los acusados
Expresa que la información fortalecerá el proceso penal en curso ante los tribunales contra las personas y empresas incluidas en la acusación presentada el 6 de septiembre del 2017 por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), resaltando que cualquier otra que resulte señalada, también será puesta a disposición de la justicia, sin excepción.
Esa acusación, además de EMBRAER, fue presentada en contra del exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández. Ysrael Abreu Rosario, y Félix del Orbe Berroa, así como de las empresas Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.
La Procuraduría indicó que en caso de que el juicio penal abreviado sea aprobado por un juez, tales recursos serán integrados al presupuesto del ministerio público destinado a fortalecer la investigación, prevención y persecución de los crímenes y delitos, además de la humanización del sistema penitenciario nacional, siempre en apego a lo establecido en Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público número 423-06.
Explica que la figura del juicio o procedimiento penal abreviado está consignada en el Código Procesal Penal y permite conseguir en forma breve lo que podría tardar años a través de cientos de audiencias de un juicio, y destacó que en este caso el país logra ser compensado económicamente.
