Libre pensar
Leyes, desnutridos y jerarcas
Desde la época más primaveral, la aplicación de normas de control social, en los rieles de los códigos legislativos, han optimizado el ordenamiento jurídico de las colectividades, y las veces que a posta son quebrantados sobrevienen el caos, la inseguridad y la disolución de las instituciones y la autoridad.
La República Dominicana transita por el delicado tabloncito del desacato a las reglas de convivencia societaria, por conveniencia particular, por abrogarse prerrogativas impropias, desconocimiento de las leyes y por una inadecuada interpretación de la democracia y el derecho a vivir.
Los primeros en subvertir los cuerpos jurisdiccionales son las élites político-estatales, que acumulan riquezas mal habidas. Desde el Congreso se pisotea la Constitución con la auto-asignación de dinero para promoción electoral, jerarcas del Poder Ejecutivo engañan con disposiciones presupuestarias y ambientales, y la Suprema Corte de Justicia ignora recursos de inconstitucionalidad e impone tributos sin poseer esa facultad.
Las transgresiones por la plutocracia y los partidos, que aprisiona como un cuchillo en el corazón del filamento institucional de la nación, abren la puerta del desarreglo y estimulan a otras camarillas a seguir esos malos pasos. Empresarios apelan a los sobornos, contrabandos, evasión fiscal y la insubordinación a principios del comercio, laboral y medioambiental.
Y, emulando las inconductas de los que insaciablemente engordan sus bolsillos en un santiamén, las capas más menesterosas se apropian de solares ajenos y hasta de cañadas inmundas y cerros sin brisas para construir casuchas, e instalan talleres y tarantines en avenidas y aceras.
Desnutridos que ultrajan las legislaciones purgan penas en ergástulas, y a encopetados gubernamentales que cometen tropelías desde sus lanchas pasajeras, y a mañosos de siete suelas no les imponen ni una multa de medio peso. Así se incuba y espolea una detonación imprevisible, porque una comunidad saturada no puede funcionar bien con tanta desobediencia.
¿Cuántas leyes no se acatan o se observan a medias?, ¿cuáles sentencias del Tribunal Constitucional se quedan en los papeles?, ¿quién lleva esa cuenta? y ¿qué se está haciendo?.
Si se aceptan irracionalidades, resabios inter-partidarios y rebeliones chantajistas, estamos girando el timón para regresar de la civilización contemporánea a la barbarie medieval. La pérdida e indefinición de autoridad oficial abruman y chapucean entre los barrotes del populismo, la complacencia a correligionarios y el temor a ejercer sus funciones con rectitud.
Para que los estatutos sean obedecidos, “Dura lex, sed lex” (Dura es la ley, pero es la ley”, los mandantes tienen que dejar de actuar con doble rasero, en su sonriente hipocresía. Y, después, consensuar mecanismos para poner en vigencia la noción del contrato social a que se refirió, en 1762, el filósofo y pedagogo suizo francófono Juan
