Hasta el día de hoy solo el 28 por ciento de las empresas de zona franca favorecidas con el aval de 32 millones de dólares que le concediera el gobierno en el año 2007, han honrado sus compromisos, algunas de ellas con retrasos.
El aval establecía que los beneficiarios debían saldar la deuda en un plazo de siete años, en el 2014, pero hasta esa fecha el ritmo de los desembolsos presentaba un cuadro lento debido a las morosidades. .
Las empresas que entre los años 2014- 2015 saldaron sus compromisos fueron Margarita International, Ltd, representada por Mícalo Bermúdez, 5 millones de dólares; Grupo D’ Clase, representado por José Rafael Clase, 5 millones de dólares; Grupo M Industries, S. A, representado por Fernando Capellán, 4.5 millones de dólares y la Unión Textil internacional, S. A. representada por Pedro Manuel García, 1 millón de dólares.
Por el igual lo hicieron Ana Manufacturing, S. A., representada por Antonio Gómez, 900 mil dólares; Notions Dominicana, S. A. representada por Miguel Lama, 630 mil dólares; Global Technology Group, Ltd representada por Miguel Lama, 270 mil; Polanco Fashion Internacional, S. A, representado por José Coronado, 350 mil dólares; QEL Dominicana, S. A. representada por Pedro Manuel García, 200 mil dólares,
En los registros e informaciones suministradas al Centinela Digital por el Ministerio de Hacienda, se comprueba que ninguna de estas empresas hizo depósitos en moneda de curso legal, dólares o pesos, sino que se acogieron a vías de transacciones que involucran compensaciones, permutas y otras modalidades.
El conjunto de las 32 empresas deudoras había hecho depósitos insignificantes para cubrir los pagos de capital e interés hasta el 2011, razón por la que el Ministerio de Hacienda tuvo que firmar un contrato de servicio con el Banco de Reservas, con la finalidad de que se encargara de realizar las acciones legales necesarias para recuperar lo prestado.
El convenio confería potestad al Reservas para contratar abogados externos y, en vista de que no se experimentaban avances en los cobros, se elaboró un calendario de reuniones individuales, que se ejecutó durante varios días del mes de septiembre de 2013, para tratar la realidad particular de cada empresa y conocer su situación y su propuesta de pago.
En vista de que las gestiones y esfuerzos no llenaron las expectativas, en el mes de enero de 2014 se iniciaron las notificaciones de intimaciones de pago en contra de las empresas, a las que se les advertía que “de no obtemperar al requerimiento de pago notificado se procedería a embargar todos sus bienes”.
“Luego de vencido el plazo otorgado en las intimaciones de pago, de fechas 5 y 6 de febrero de 2014, se procedió a embargar retentivamente en manos de diecisiete (17) bancos comerciales del país, las respectivas cuentas bancarias societarias y las cuentas personales de sus representantes”, afirma el documento que a solicitud del Centinela Digital, fuera entregado por el Ministerio de Hacienda.
Agrega que “es preciso significar, que con las acciones judiciales introducidas en los tribunales de la República, logramos de manera formal que se recociera mediante sentencia el derecho de subrogación que le asiste al Ministerio de Hacienda, ya que en un principio algunas de las empresas de Zonas Francas se resistían a reconocer dicha condición, alegando de manera infundada que no eran deudoras de este Ministerio, sino de los bancos comerciales con los que se suscribieron los contratos de préstamos”.
Fue de esa manera que se hizo posible arribar a entendimientos basados en propuestas de acuerdos que, parte de las empresas, sometieran al Ministerio de Hacienda y que estuvieran basadas en daciones en pago y compensaciones de deudas recíprocas, que dichas empresas tienen con el Estado dominicano.
Solo 10 de las 32 empresas se acogieron al procedimiento y depositaron toda la documentación requerida en el Ministerio de Hacienda, mientras que las demás todavía hoy se resisten a cubrir sus compromisos.
Entre esas empresas figura la sociedad R. J. Torres M. F. G., S. R. L, representada por José Rafael Torres Hidalgo, que en junio del 2014 logró de Hacienda la modificación de un acuerdo firmado entre las partes en mayo del 2012 y, mediante el cual, se establecía un plan de pago basado en cuotas mensuales.
Los acuerdos indicaban que la empresa pagaría 55 mil dólares en noviembre de 2014; 60 mil en mayo de 2015, 65 mil en noviembre de 2015; 70 mil en mayo de 2016 y 300 mil en 30 junio de 2016.
“Sin embargo, la empresa R. J. Torres M. F. G., S. R. L., no ha podido continuar realizando los pagos conforme al cronograma preestablecido en el referido Addendum al Acuerdo Transaccional, a raíz de un incendio ocurrido en fecha 03 de marzo del presente año, el cual destruyó sus instalaciones, según comunicación y documentos probatorios remitidos por dicha empresa a este Ministerio mediante misiva de fecha 29 de abril de 2016”.
En una entrega final, el Centinela Digital revelará los nombres y montos adeudados por las empresas que se acogieron a aval financiero, pero que no han horado sus compromisos..
