Aunque subyacente, es la razón principal por la que la partidocracia dominicana no se da una nueva legislación política y electoral
Los fracasos continuos tanto de la comisión que estudia el proyecto de ley de partidos políticos como de las sesiones convocadas por la Cámara de Diputados, ponen en evidencia la carencia de voluntad política de la partidocracia criolla para dar un paso al frente en beneficio de sí misma y de la propia democracia.
Lo que se ha vivido a través de los tiempos es que un partido acuse al otro de ser responsable de boicotear la aprobación de una nueva ley de reforma política y electoral, lo que para muchos se trata de simples subterfugios tras los que se oculta el temor de que se le someta a regulaciones estrictas antes las que deban renovarse y transparentar su accionar.
Los años de espera no han bastado para que el poder político con mandato decisorio en el congreso nacional se ponga de acuerdo en la misión de modernizar el caducado andamiaje legal que les ampara y, mucho menos, para dotar a la Junta Central Electoral de la armadura pertinente que le blinde respecto a desafíos tan complicados como las elecciones del año 2020.
Las recientes declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, respecto a que son los propios legisladores de su partido los que ahora obstaculizan la aprobación de la pieza, dejan claro que, más que “un boicot innecesario e inexplicable”, como alegara, el país está frente a un aparente viraje de lo que ha sido la conducta tradicional respecto al tema.
A partir de la denuncia de Maldonado “queda claro” que en esta oportunidad son las luchas internas del partido oficial, sumadas a las sospechosas “indisciplinas” de algunos legisladores del PRM y el PRD, las causas que ponen en riesgo la aprobación definitiva de las nuevas legislaciones.
Como trasfondo subyacen las controversias en torno a si deben ser las primarias abiertas o cerradas, lo que pudiera ser tan solo una excusa para mantener el tranque y, de esa manera, dejar de lado el abordaje de temas fundamentales sobre los que tienen que producirse decisiones de amplias mayorías en la línea de evitar mayores conflictos a la convivencia democrática.
Hasta el punto donde se ha situado la nueva realidad hoy y ante el peligro de que finalmente no haya acuerdo para sacar las leyes de partido y electoral, el país podría arribar a las próximas elecciones con los actores sin árbitros ni reglas claras, lo que podría desatar una crisis política de proporciones insospechadas.
Desafíos de las elecciones del 2020, dos procesos en uno
El contexto descrito mantiene a los dominicanos al margen de lo que deberá ocurrir en el 2020, cuando tendrán que celebrarse dos procesos electorales con diferencia de tres meses uno del otro. Primero deberá escogerse a las autoridades municipales y, posteriormente, a los legisladores, al presidente y vicepresidente de la República.
El desafío no solo pone en juego a todo el poder político del país, sino que exige blindar con tiempo a la JCE de manera que pueda enfrentar con éxitos la nueva realidad que deberá ocurrir en menos de dos años.
La falta de compromiso de la partidocracia para con esas exigencias del doblar de la esquina, deja al descubierto, una vez más, que en República Dominicana todavía se impone la vieja práctica de que las élites que controlan las fuerzas políticas, no favorezcan el consenso frente a situaciones como la que se vive en la actualidad.
“Lo que le sigue interesando es decidir dedocráticamente las posiciones y mantener privilegios que ya no pueden sostenerse porque el mundo cambió. La política hoy demanda transparencia, demanda participación y equidad, y esas élites no entienden eso”, reflexionaba al respecto recientemente el profesor Melanio Paredes, miembro del comité central del PLD.
