REVOLTILLO
Populismo y precios de los combustibles
Opositores al gobierno de turno, liderados por políticos que, a su vez, inciden en frentes de lucha, sociedad civil y “comunicadores”, muchos de estos últimos verdaderos ignorantes de la materia, utilizan el tema de los aumentos en los combustibles como un instrumento de populismo barato, que en cierta forma les proporciona algunos beneficios políticos. Con el proceder hacen creer a la gente que se identifican con sus sentimientos y que están sinceramente de lado de sus críticas a un gobierno “desalmado” que, cada semana, sube los precios de los carburantes sin que le importe un comino “las consecuencias funestas” que sus diabluras provocan “a los más jodidos”. Esa es una conducta típica de farsantes y manipuladores, que usan los sentimientos de la gente para agenciarse simpatías, con la perversidad de que saben que no es contra el gobierno que deben enfilarse los cañones, sino contra el congreso nacional que es la única instancia con potestad para desmontar la carga impositiva que se aplica a los precios de los combustibles y que, quiera o no el gobierno, encarece sus precios. Solo por concepto de las leyes 112-00 y 405-06, el galón de gasolina primium, por ejemplo, tiene para esta semana una carga impositiva de 90 pesos. No obstante, se juega a “chubar los perros” al Palacio Nacional a sabiendas de que ahí no está la solución al problema y, en vez de manipular a la gente, debieran aprovechar su presencia en el congreso, derechistas e izquierdistas, bajar a las instancias de la mentada sociedad civil, a los grupos organizados de las comunidades, a los frentes de masas en los que inciden y, junto a estos, consensuar algún proyecto de ley, convertirlo en instrumento de presión y lucha popular, hasta lograr que tumben esos impuestos y los combustibles, que son los más caros de todos los países de América Central, bajen sustancial y permanentemente. A propósito, usted ha visto que los izquierdistas de ayer y los que llegaron en el 2016 al congreso, hayan presentado algún proyecto en esa dirección? Y porque será?
Competitividad, empeño de Danilo y carteles del comercio
En solo una semana, el presidente Danilo Medina emitió tres decretos en la línea de reforzar las capacidades de competencia del país en los mercados internacionales y en el marco de su declaratoria del 2018 como “ano del fomento de las exportaciones”. Danilo Medina está más que consciente de que un componente básico del desarrollo como nación, reside en su fuerza para aprovechar los mercados internacionales y, bajo el esquema de los tratados y acuerdos comerciales que hemos suscritos, aprovechar todos los nichos posibles y colocar nuestros productos. Estas buenas intenciones chocan con una dura y amarga realidad, en República Dominicana no ha existido ni existe una cultura de exportación por múltiples razones, pero fundamentalmente, porque la fuerza industrial-empresarial del país, se acostumbró a operar como carteles y, bajo esa lógica, se distribuye los mercados con lo que malogra la competencia entre ellos y, al contar con el poder de fijar los precios, manipula esos mercados con lo que crea, sin que le importe, una situación difícil al consumidor. El libre mercado, al igual que la ley de oferta y demanda, en nuestro país tiene otro nombre, se llama monopolios y oligopolios, en otras palabras, carteles que impiden la competencia interna y juegan con mercados y precios. Pero de todas maneras es válido el empeño del presidente Medina por aquello de que “todo pasa y todo cambia”.
Otra vez Haití
Haití ha vuelto “a la normalidad” luego de los disturbios que, durante tres días, dejaron una triste secuela de muertes, fuertes saqueos a comercios, quemas de vehículos y daños considerables a empresas e infraestructuras públicas y privadas. La excusa pública fueron los aumentos desproporcionados en los precios de los principales combustibles, medida exigida por el Fondo Monetario Internacional en el marco de un programa de ajustes, pero la estrategia oculta fue articulada por sectores políticos y militares, que no solo crearon las condiciones subjetivas para generar los acontecimientos citados, sino que asumieron su financiación en busca de cobrarse diferencias con el gobierno de turno y, básicamente, con su primer ministro, Jack Guy Lafontant, quien fuera empujado a renunciar. Lo ocurrido en Haití solo confirma la naturaleza de “Estado fallido” de la nación vecina, que con frecuencia se encarga de demostrar su incapacidad para avanzar hacia un sistema que proporcione una mínima estabilidad de sus instituciones, que fortalezca la democracia y el sistema de partidos políticos, que garantice a su gente un ambiente de equidad, de convivencia hamaca donde la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el respeto a la dignidad, al menos estén mínimamente garantizados. Pero eso no hay que escandalizarse por lo ocurrido y lo que seguirá ocurriendo, porque Haití es tan solo el negocio de una claque mafiosa de oligarcas, políticos y militares, que se ha hecho poderosa traficando con la pobreza de más del 95 por ciento de su empobrecido pueblo.
Los riesgos llegar al 2020 sin leyes de régimen electoral y de partidos
Solo situarse en el escenario de las lecciones del 2020 genera preocupaciones a granel, más si el arribo al proceso comicial que deberá ocurrir para entonces, se hace sin contar con un nuevo régimen electoral y una nueva ley de partidos. En esas elecciones deberán debatirse cerca de cinco mil puestos, serán dos procesos de votaciones con una diferencia de tres meses entre uno y otro. De manera que estará en juego todo el poder político del país y, debido a la magnitud del mismo, hay que suponer que los partidos políticos vivirán situaciones internas conflictivas en lo que concierne a la escogencia de sus candidatos. Y todo esto solo se hará manejable si existen reglas claras emanadas del poder con potestad y mandato constitucional para hacerlo, el congreso nacional. Pero los partidos no están en eso, sus propios intereses pesan más que los de la democracia, razón por la que se mantiene un tranque que de llegar hasta el 2020, dejaría a discreción de la Junta Central Electoral fijar las reglas de juego. Y bueno pudiera alegarse que eso ya ha ocurrido, pero las condiciones no son las mismas por la complejidad de las dos elecciones que deberán producirse. En esta oportunidad, lo que tenemos es una JCE resultado del reparto entre los propios partidos, una instancia que reproduce la crisis de los actores del sistema y que, tormentosamente, ni siquiera cuenta con la unidad interna suficiente como para, en un escenario de confrontaciones y cuestionamientos, hacer valer sus decisiones. El espejo de esa realidad solo hay que buscarlo en su última resolución. Que papa Dios nos agarre confesaos!
