Ing. Luis R. Rodríguez, MSc
No es secreto para nadie que la actual gestión gubernamental ha fracasado en resolver los problemas mas apremiantes que enfrentan los productores agropecuarios nacionales, de hecho, la falta de planificación y la sesgada tendencia a impulsar una política importadora de bienes agroalimentarios, como bien quedo demostrado con la promulgación de la ley de tasa cero que permite la entrada sin pago de arancel de 67 bienes agroalimentarios, provocando una sobreoferta que ha erosionado los ya de por si pírricos beneficios de los productores mientras enfrentan crecientes costos de producción.
Tratando de paliar la situación, el gobierno intervino con dos medidas de corte populista orientadas a detener la caída libre de su imagen, según lo evidencia la mayoría de las encuestas.
Una de estas medidas fue crear un subsidio de un 10% al precio de los fertilizantes, sin embargo, no tuvo ningún impacto sobre las operaciones agropecuarias ya que los fertilizantes habían casi triplicado sus precios, por lo que un 10% de subsidio no representaba una reducción sustancial de los costos.
La otra medida fue la creación de un subsidio de 100 pesos por fanega de arroz de 120 kg a ser entregado a los productores. Sin embargo, este apoyo equivale a unos 400 pesos por tarea cuando los costos de producción del arroz se han disparado desde alrededor 6,500 pesos por tarea a unos 9,000 pesos. Obviamente que este subsidio no resuelve el problema que enfrentan los productores de arroz.
Este descuido sectorial a la agropecuaria se puede notar fácilmente al revisar los datos del Banco Central sobre el desempeño del sector. Desde el año 2010 hasta el 2019 el sector agropecuario vino mostrando un crecimiento promedio interanual de 4.8%, sin embargo, en el 2020 tan solo creció un 2.8%; para el 2021 un 2.6% y durante el primer semestre del 2022, mostro un crecimiento de tan solo 2.4%.
Como se puede ver, el crecimiento interanual del sector agropecuario en este gobierno ha sido 50% del crecimiento promedio del sector en los gobiernos anteriores.
Peor aún, desde marzo del 2020 hasta marzo del 2022, de acuerdo a las mismas cifras del Banco Central, se han perdido unos 26,000 empleos agropecuarios.
Pero donde este gobierno y su equipo agropecuario han fracasado rotundamente ha sido en el manejo de problemas complejos y de alcance internacional como el caso de la Peste Porcina Africana (PPA) que se tardo unos 5 meses en diagnosticar, luego de su entrada, permitiendo que la misma se dispersara en todo el territorio nacional afectando seriamente un subsector que, con una población de 90,000 cerdas madres, producía el 74% de todo nuestro consumo de carne de cerdo, unos 6.6 millones de kilos de carne mensuales.
Ya ha pasado mas de un año del diagnostico de la enfermedad en el país, la población de cerdos se ha reducido a la mitad; mas de 5,000 productores han visto cerrar sus operaciones y de cerca de 350 granjas comerciales solo un reducido porcentaje queda en operación.
Y todavía no se sabe cuáles son las medidas que se implementaran ni cuándo estará el país libre de esta enfermedad.
Otro subsector que viene mostrando un deterioro claro en su desempeño es el sector de la ganadería de leche. Durante el primer semestre de este año la producción lechera declino´ en 5%.
Esta caída se debe al cierre de un gran número de productores al no poder enfrentar los altos costos de producción y a la renuencia de las autoridades sectoriales a convocar el Conaleche para ajustar el precio de venta de la leche fresca.
Para empeorar la situación de los ganaderos, el INABIE le ha reducido el volumen de las raciones de leche que se le compraba a las plantas procesadoras propiedad de los ganaderos. Es como echarle sal a una herida que venia sangrando a borbotones.
Otro caso digno de mencionar como ejemplo de falta de planificación es el entaponamiento del arroz en las factorías lo que dificulta la recepción de la segunda cosecha del año.
La producción nacional en los últimos tiempos ha rondado los 12 millones de quintales mientras que el consumo ha rondado los 10.5 millones, creando una sobreoferta que se ha pignorado y mantenido como reserva estratégica.
Sin embargo, la pandemia redujo el consumo y la producción se incrementó a unos 14.4 millones de quintales en el 2021. Esto, unido al incremento de las importaciones de arroz estimadas en más de 500 mil quintales por encima de las 22,000 toneladas de los Contingentes Arancelarios, sobrepasaron la capacidad de almacenamiento de las factorías y duplico las necesidades de recursos financieros para el programa de pignoraciones que de 450 millones anuales tendrá que utilizar unos 900 millones. Esta es la razón por la que las factorías tienen más de tres meses sin recibir los pagos de los gastos asociados a la pignoración.
Ahora con este problema de sobreabastecimiento, las factorías arroceras no saben ni tienen como recibir el arroz de los productores por lo que las perdidas están a la vuelta de la esquina.
Como se puede observar, los datos estadísticos agropecuarios del mismo gobierno muestran con meridiana claridad el deterioro del sector y el fracaso del gobierno al carecer de una política agropecuaria a favor del desarrollo del sector. A falta de logros concretos utilizan los medios y las redes sociales para tratar de crear una realidad alterna. La realidad es que los hechos no mienten y el sector agropecuario nacional nunca ha estado en peores manos.