Instituciones estiman que se debe proteger el sector, que aporta cerca del 15% del PIB y más de 400,000 empleos directos
Santiago. Abril 2022. Ante el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, que agrava la delicada situación que atraviesa la logística internacional desde hace dos años, impactando diversos sectores económicos, entre ellos, la construcción, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (ACOPROVI), la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) y la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON), proponen estudiar -en conjunto con las autoridades-, la viabilidad de una serie de propuestas para preservar el dinamismo de uno de los sectores más relevantes de la economía dominicana.
La revisión del cálculo actual de aranceles e ITBIS de la materia prima y productos terminados de la construcción, evaluar en conjunto con la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Sobre Medidas de Salvaguardias (CDC), la necesidad de eliminar las medidas antidumping vigentes, de manera transitoria por un periodo de 6 meses, lo que permitiría la entrada de dichos productos con el arancel establecido para el mismo, sin ninguna penalidad o costo adicional, con miras a fomentar el abaratamiento de los precios en el mercado, son algunas de las propuestas sugeridas por las diferentes entidades.
En el caso de medidas de carácter monetario y financiero, proponen crear las condiciones para promover el acceso a facilidades de financiamiento con préstamos interinos para los promotores de proyectos inmobiliarios. En paralelo, préstamos hipotecarios, a baja tasa de interés para los adquirentes de viviendas nuevas.
Estas facilidades en conjunto contribuirán con el desarrollo de nuevos proyectos, permitiendo que más dominicanos tengan acceso a este derecho.
Igualmente, como práctica comercial, plantean que se evalúe la posibilidad de realizar licitaciones públicas abiertas de carácter nacional e internacional por parte del Estado, con la intención de abrir la brecha para la compra de ciertos productos de construcción necesarios para el desarrollo de proyectos del sector público.
De carácter transitorio, las entidades firmantes, exponen que, por un periodo de un año, bajar el impuesto de transferencia a los adquirentes de viviendas nuevas del 3% al 2%.
Hoy más que nunca, es vital proteger el sector de la construcción, que aporta cerca del 15% del PIB y más de 400,000 empleos directos, para continuar dinamizando el ritmo económico y social de la República Dominicana con miras a alcanzar los objetivos del planteados de cara al 2022.
