Por: Ing. Luis R. Rodríguez, MSc
En esta semana hemos visto un enorme activismo mediático de parte de los principales líderes del subsector de producción y procesamiento de arroz de nuestro país quienes, viendo que el período de desgravación arancelaria de este importante cultivo dentro del DR-CAFTA llega a su final el 1 de enero del 2025, están reclamando un accionar más diligente de parte del actual gobierno y sus autoridades a los fines de solicitar una revisión del acuerdo que permita excluir el arroz del mismo o por lo menos, modificar el período de desgravación arancelaria más allá de los 20 años negociados.
Los productores temen, con sobradas razones, que la entrada de arroz libre de arancel conllevaría a la desaparición, no sólo de la producción de arroz, sino de otros cultivos hacia donde se desplazarían los productores, ocasionando una sobreoferta de los mismos lo que deprimiría sus precios eliminando la rentabilidad y generando pobreza y tensiones sociales en el campo dominicano.
Estos temores siempre han estado latentes dentro del sector agropecuario desde el inicio de las negociaciones de adhesión del país al tratado de libre comercio que los Estados Unidos negociaban con los 5 países centroamericanos.
En ese momento, algunos sectores entendieron que si el país no participaba de ese acuerdo, las preferencias unilaterales otorgadas por los Estados Unidos a la República Dominicana serían descontinuadas y desaparecerían los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP por sus siglas en inglés); la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI por sus siglas en inglés), y la Ley sobre Asociación de Comercio de la Cuenca del Caribe (CBTPA por sus siglas en inglés), que extendía, esta última, los beneficios de acceso a Estados Unidos, libre de cuotas y de aranceles, a las vestimentas y zapatos producidos en las empresas de zonas francas del país.
Es por ello que República Dominicana solicita su adhesión a la negociación del acuerdo y el presidente Hipólito Mejía, mediante el Decreto No. 864-03, crea la Oficina Especial para la Negociación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos donde participan varias instituciones ligadas a los temas del tratado y se designa el Equipo Negociador. Luego de tres rondas de negociaciones en Santo Domingo (12-16 enero 2004); San Juan, P.R. (9 -13 febrero 2004) y Washington (8 -14 marzo 2004) quedó sellada la entrada de la República Dominicana al acuerdo de libre comercio regional que se conoce como DR-CAFTA.
Años más tarde, una investigación llevada a cabo por el Centro de Estudios Económicos y Sociales P. José Luis Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) destacaba que *…las autoridades dominicanas aceptaron la propuesta de adhesión sin hacer ningún estudio sobre el impacto que dicho acuerdo tendría sobre la economía, las leyes que deberían ser modificadas, los empleos que se perderían o se ganarían, las implicaciones para el comercio exterior, las barreras no arancelarias a remover, la modificación del entorno comercial…*
Esta misma investigación establecía, además: *… que el DR-CAFTA no fue una imposición estadounidense sino que fueron grupos políticos nacionales y un sector específico del empresariado local los que abogaron a favor de una adhesión, no una negociación…*.
Aunque era realmente su primera prueba de fuego, el equipo negociador de los temas de la Agricultura estuvo a la altura de las circunstancias. El país negoció un programa de desgravación que incluía 13 canastas de productos con desgravaciones a velocidades diferenciadas que iban desde la eliminación inmediata hasta productos que terminarían de liberarse a los 20 años luego de la entrada en vigencia del acuerdo.
En el caso del arroz, este fue colocado en la canasta V con un programa de desgravación arancelaria a 20 años. Sin reducción en los primeros 10 años. Una reducción arancelaria de 8% anual del año 11 al 16 y una reducción de 12% del año 16 al 19. Este proceso culmina el 1 de enero del 2025.
Dentro de los argumentos esgrimidos por nuestros productores se destaca el monto de los subsidios a la producción arrocera que otorga Estados Unidos a sus productores lo que coloca en una obvia desventaja la producción de arroz local.
De hecho, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ofrece datos que indican que aunque el arroz sólo representa el 0.2% de la producción agropecuaria nacional, recibe el 5% de los subsidios agrícolas que se otorgan.
Sin embargo, por la forma en que son administrados y el valor absoluto de los mismos, estos subsidios por sí mismos no lucen representar la peor amenaza ya que los mismos se otorgan a través de 3 programas diferentes: 1) Cobertura para Pérdidas por Precios (PLC); 2) Cobertura para Riesgos Agrícolas (ARC) y 3) Programa de Préstamos de Asistencia de Comercialización (MAL).
El primero se aplica cuando los precios de venta del arroz caen por debajo del precio-piso establecido por el USDA para la temporada; el segundo es el pago de hasta un 65% de la prima de la póliza del seguro agropecuario que se adquiere y el tercero se refiere a préstamos a tasa cero (0) que otorga la USDA a los productores que deseen guardar sus cosechas a la espera de mejores precios.
Aunque estos programas son muy exitosos, en los últimos 20 años más de 5,000 productores han dejado la producción de arroz. Actualmente existen unos 4,600 productores arroceros en Estados Unidos que producen unos 176 millones de quintales de arroz en cáscara en un área de 2.3 millones de acres (1 acre es igual a 6.44 tareas) diseminados en los estados de Arkansas, Mississippi, Missouri, Lousiana, Texas y California. Este volumen representa el 2% de la producción mundial del cual se exporta el 45% equivalente al 5% de las exportaciones mundiales.
Las ventajas de estos productores radican más que en los subsidios, que ciertamente tienen su peso, en las economías de escala que generan por el tamaño de sus predios (el tamaño promedio de una finca arrocera es de 500 acres, unas 3,200 tareas) lo que les ha permitido innovar y tener acceso a la mecanización, mejoramiento genético de variedades y al uso de tecnologías de agricultura de precisión.
Desde el año 2000 al 2013, la productividad por acre se incrementó en un 29% gracias a la adopción de nuevas variedades híbridas (aunque de calidad más baja por lo que han perdido cerca del 60% del mercado de arroz blanco de México); el uso de la tecnología Clearfield (CL) de variedades tolerantes a herbicidas; el uso de elementos de agricultura de precisión para mejorar la eficiencia en la aplicación de fertilizantes y agroprotectores; así como la siembra directa con aviones en campos inundados y por sembradoras de precisión en campos secos. La cosecha también se lleva a cabo con cosechadoras de precisión utilizando sistemas a granel.
El uso de estas tecnologías les ha permitido incrementar los rendimientos y reducir los costos de producción, haciéndolos más competitivos a nivel global.
Ahora, cómo dar respuesta a los reclamos urgentes esgrimidos por los productores, solicitando una revisión/modificación al programa de desgravación arancelaria del arroz dentro del DR-CAFTA.
En realidad, este reclamo no es nuevo. Entre los años 2016 y 2018, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) enarboló como bandera de lucha la revisión del acuerdo utilizando como argumentos los mismos que hoy día exponen los productores de arroz.
En esa ocasión, el presidente Danilo Medina emitió el Decreto No.260-16 que creó la Comisión de Alto Nivel para Evaluar el Impacto del DR-CAFTA en el Sector Agropecuario. Esta Comisión la presidía el Ministro Administrativo de la Presidencia y la conformaban, además, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Industria y Comercio, el Ministro de Relaciones Exteriores y la Junta Agroempresarial Dominicana. Contaba con 45 días para entregar un Informe al Ejecutivo; iniciar consultas con los diferentes subsectores y a los 90 días luego de la firma del Decreto debía entregar las conclusiones de las consultas y el correspondiente plan de acción. Los resultados y conclusiones de los trabajos de esta Comisión, si los hubo, nunca se dieron a conocer públicamente por lo que hoy estamos nuevamente donde estuvimos 7 años atrás.
Sin embargo, fruto de la presión mediática del momento, en fecha 12 de junio del 2018 el periódico El Día trae unas declaraciones del Ministro de Agricultura de entonces asegurando que *… en los próximos días el estado dominicano enviará un comunicado a los Estados Unidos para solicitar la revisión del acuerdo del DR- CAFTA para retrasar el proceso de desmonte de los aranceles de productos agropecuarios, como vienen solicitando varios productores…*. No se ha sabido más sobre este asunto.
Renegociar, modificar o revisar los términos del acuerdo no es tarea fácil si partimos del hecho de que para hacerlo, por un lado, debemos agenciarnos los votos favorables de los otros 5 países centroamericanos los cuales posiblemente querrán incluir otros asuntos de sus intereses particulares lo que introduce ribetes de complejidad a la negociación.
Y por el otro lado, localmente debemos convencer y consensuar con los sectores que han salido gananciosos con la implementación del tratado, quienes de seguro presentarán algún nivel de resistencia a una modificación.
De hecho, en su momento la Asociación Nacional de Industrias mostró su resistencia a una revisión diciendo que: *…lo cierto es que durante todo este tiempo tanto el gobierno como los sectores productivos han tenido conocimiento acerca de que la desgravación les representaría un reto en el orden de la competencia y la competitividad, más allá de la limitada frontera que significa competir en el mercado nacional…*.
En términos similares se expresó la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) y hasta el periódico Hoy en fecha 21 de febrero del 2017 editorializaba sobre el tema y decía: *…En su ocasión, el país no midió sus desventajas internas ni trabajó lo suficiente como para superarlas. Las políticas internas al momento de la firma y las que se adoptaron después han sido restrictivas hacia lo interno, sin que esto tuviera que ver con el DR-CAFTA. Y pretender ahora una revisión del tratado, sin arreglar las dificultades internas, podría ser un error muy costoso, suponiendo que Estados Unidos accediera a modificar un acuerdo que le favorece. Pretender una revisión del tratado sería un arma de doble filo*, terminaba el editorial.
Para elevar un poco el nivel de dificultad de una renegociación/revisión del tratado, el 2022 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers,publicado por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) en la página 147 sobre la República Dominicana, identifica los alegatos de los reclamos que tiene Estados Unidos frente a nuestro país con relación a la implementación del DR-CAFTA, entre los que se encuentran:
a) El etanol desde Estados Unidos tiene un impuesto ad valorem de 10% y un impuesto fijo al consumo de 11 pesos por litro más el 18% de ITBIS, lo que desestimula las importaciones desde ese país, alegan sus autoridades.
b) Otro elemento de queja es que los quesos importados desde USA están sujetos al pago del 18% del ITBIS mientras que los quesos producidos localmente no lo están.
c) Otro alegato de los Estados Unidos es que desde el Ministerio de Agricultura se insiste en otorgar permisos de importación de los bienes agropecuarios negociados en el DR-CAFTA cuando el único documento que debe emitir es el Certificado de No Objeción Sanitaria.
d) Aunque la R.D. dentro del DR-CAFTA mantuvo la prohibición de importar vehículos de más de 5 años de edad, Estados Unidos se queja de que los vehículos usados con menos de 5 años de edad procedentes de su territorio encuentran serias dificultades para acceder al país.
e) Estados Unidos desea que R. D. modifique la Norma RTD 458 que manda a realizar pruebas de laboratorios a las varillas de construcción procedentes de USA pero no así a las fabricadas en la R.D. lo que, alegan ellos, constituye una barrera técnica al comercio.
f) República Dominicana, para reducir la falsificaciones de alcohol y tabaco, ha implementado un sistema de trazabilidad fiscal que obliga a identificar con una estampilla de la DGII tanto a los productos locales como importados. Estados Unidos está en contra de la medida y la califica como una barrera al comercio.
g) Estados Unidos no se encuentra satisfecho con los excesivos requerimientos y requisitos demandados para obtener los Certificados de Registros Sanitarios de medicamentos, alimentos y productos para la salud, aduciendo que incrementan los costos de operación y dilatan el comercio de estos bienes.
h) La protección de la Propiedad Intelectual es otro de los temas que Estados Unidos reporta como pendiente en la agenda de la implementación del DR-CAFTA con nuestro país.
Como se puede ver, para ir a una mesa de renegociación o revisión del acuerdo para modificar el período de desgravación arancelaria del arroz, Estados Unidos seguro pedirá a cambio la eliminación de algunas de esas barreras por lo que se necesitarían los apoyos de otros sectores que tendrían que sacrificar algunos beneficios para nosotros poder lograr el objetivo.
En conclusión, honestamente pienso que una revisión del acuerdo para modificar el programa de desgravación del arroz, utilizando los mecanismos que incluye el mismo texto del acuerdo, sería muy difícil, compleja y lenta por la cantidad de actores involucrados y el volumen de intereses afectados.
Siendo el arroz el primer alimento en la dieta del país, su extraordinaria importancia socioeconómica por la cantidad de personas y provincias que dependen de su producción y procesamiento, de las tensiones sociales que generaría la pérdida de la cultura arrocera en el país; se hace imperativo y urgente obtener un acuerdo político al más alto nivel tendente a lograr una moratoria de 10 años a la desgravación del arroz (tipo la Rectificación Técnica de la OMC) y en ese período de tiempo comprometernos a diseñar y ejecutar un plan de competitividad arrocera que incluya la consolidación de las áreas arroceras de la reforma agraria para obtener economías de escala; introducción de variedades mejoradas de alto rendimiento; un vasto programa de capacitación y uso de mecanización y tecnologías de agricultura de precisión; modificar los sistemas de siembra y recolección así como el uso de la recepción a granel en las factorías.
En estos momentos podemos tener dificultades y ser arropados por un dejo de pesimismo pero debemos mantener la lucha y estar seguros y conscientes de que la producción arrocera no puede ni debe ni va a desaparecer.
