La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) respaldó lo propuesto por el Ministerio de Educación sobre la regulación de acceso a celulares por estudiantes en el aula. Igual posición, manifestó la filial del gremio en Santiago.
El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, destacó que desde hace tiempo se han manifestado para que plantee la iniciativa de un reglamento que regule el uso de redes sociales dentro de los centros educativos para evitar la distracción y comportamientos inapropiados en los estudiantes.
“Como hemos manifestado recientemente, la ADP es partidaria de regular el acceso a las redes sociales en el entorno educativo nacional para los niños, niñas y adolescentes menores de edad debido a que la protección de los menores es una prioridad constitucional que debe ser tutelada por el Estado, la familia y la sociedad”, destacó Hidalgo al ser contactado por este medio.
El presidente del gremio aseguró que en resonancia con el Código del Menor y la Constitución de la República Dominicana se podrían diseñar un mecanismo para regular el uso de los dispositivos electrónicos y así los niños no se enfrenten a daños y riesgos asociados al uso desmedido de la tecnología.
“Ahora bien, la ADP considera que no se busca prohibir las herramientas tecnológicas como las tabletas y computadoras entregadas por el Ministerio de Educación como instrumentos de apoyo al proceso pedagógico, pero deben ser debidamente restringidas para el ocio digital y uso de redes sociales”, manifestó.
Resaltó que el Ministerio de Educación debe poner sobre la mesa del diálogo su propuesta para que el gremio pueda evaluarla y sugerir las iniciativas de lugar para que juntos logren alejar a los estudiantes del daño que podría provocar en ellos el uso de celulares.
“Sin embargo, esperaremos que el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, someta la propuesta de reglamento ante el Consejo Nacional de Educación para analizarlo y hacer nuestras debidas recomendaciones y ponderaciones de lugar”, agregó.
Se recuerda que la ADP se ha pronunciado al respecto, en una primera instancia destacó que el avance tecnológico debe estar alineado con la lógica pedagógica. Al respecto, Hidalgo planteó que se deben implementar restricciones técnicas para evitar que los estudiantes accedan a plataformas de entretenimiento durante la jornada escolar.
Además, Hidalgo hizo una distinción clara: no se busca prohibir las herramientas, sino filtrar su contenido. Precisó que las tabletas y computadoras entregadas por el Ministerio de Educación deben ser instrumentos de estudio debidamente restringidos para el ocio digital.
Filial santiago
Asimismo, la ADP, filial Santiago, valoró de manera positiva las declaraciones del ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, quien anunció que presentará ante el Consejo Nacional de Educación un reglamento para regular el uso de dispositivos móviles en las aulas.
En declaraciones ofrecidas, Miguel Jorge, presidente de la filial Santiago, consideró que esta iniciativa representa un avance significativo tanto en el ámbito académico como en materia de seguridad dentro de los centros educativos.
“Los aparatos celulares son un distractor para el quehacer educativo cotidiano, porque mientras el maestro está tratando de explicar y guiar el diálogo en el grupo de trabajo, los estudiantes están distraídos con el aparato”, expresó.
En ese sentido, Jorge indicó que la regulación del uso de estos dispositivos en el entorno escolar resulta pertinente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
No obstante, sostuvo que la tecnología puede convertirse en una herramienta útil dentro del aula si su uso se integra de manera adecuada en la planificación pedagógica.
“El uso de la tecnología en los centros educativos debe formar parte de la planificación que realiza el maestro y de las actividades académicas que desarrolla el centro educativo”, puntualizó.
A pesar de los retos que podría implicar la regulación del uso de celulares en las aulas, Jorge considera que la medida puede implementarse con éxito si se realiza con el acompañamiento adecuado de las partes involucradas.
El dirigente entiende que deben establecerse mecanismos que permitan mantener la comunicación entre las escuelas y las familias sin afectar el proceso educativo.
“Hay mecanismos que se pueden crear para mantener una comunicación constante y oportuna con las familias, de manera que se garantice la integridad de los niños, niñas y adolescentes dentro y fuera del ámbito escolar”, señaló.
En ese sentido, enfatizó la importancia de fortalecer el vínculo entre comunidad, familia y escuela como una vía para mejorar la educación y reducir los niveles de violencia en la sociedad.
“Naturalmente, comunidad, familia y escuela tienen que ir de la mano para que podamos avanzar en todos los ámbitos, tanto en lo educativo como en la reducción de los niveles de violencia que vive la sociedad”, expresó.
Asimismo, Jorge indicó que otro aspecto fundamental para mejorar el sistema educativo es la revisión del currículo escolar, el cual, a su juicio, debe adaptarse a la realidad dominicana.
“El currículo tiene que reforzarse y readecuarse en función de la realidad dominicana. Uno de los problemas es que en múltiples ocasiones se han hecho copias mal hechas de currículos de otras naciones que tienen contextos distintos, lo que ha generado debilidades en nuestro sistema educativo”, afirmó.
El dirigente añadió que el Ministerio de Educación debe atender y resolver diversas situaciones pendientes dentro del sistema, con el objetivo de fortalecer la calidad del proceso educativo en el país.
El dirigente gremial también manifestó preocupación por los desafíos que representa el uso de teléfonos celulares en materia de seguridad dentro de los centros educativos.
Según explicó, en muchas ocasiones estos dispositivos son utilizados para difundir situaciones internas de las escuelas sin el debido contexto, lo que puede generar reacciones inadecuadas desde el exterior.
“Hay situaciones que pueden resolverse dentro del ámbito escolar, pero el estudiante que tiene un teléfono lo primero que hace es llamar a sus padres o a otras personas para comunicar lo que ocurre, y muchas veces no lo transmite de la manera adecuada”, señaló.
Finalmente, Jorge advirtió que estas comunicaciones pueden provocar respuestas externas que agraven los conflictos dentro de los centros educativos.
“La llamada muchas veces es al grupo del que el estudiante forma parte en su comunidad y entonces de allá para acá viene una respuesta que se traduce en ejercicio de violencia verbal y en otros casos de violencia física en contra de los docentes o de otro estudiante” concluyó.
