Santiago de los Caballeros.- La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) expresó su profunda preocupación ante las recientes incursiones de agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en proyectos y propiedades privadas de distintos puntos del país, realizadas en horas de la madrugada y sin la debida orden judicial. La entidad considera que estas acciones constituyen una violación a derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, el derecho de propiedad y el debido proceso, protegidos por la Constitución de la República Dominicana.
El presidente de APROCOVICI, Ing. Sandy Rodríguez, afirmó que “estos operativos, ejecutados sin control judicial ni justificación legal, vulneran principios esenciales de la convivencia democrática. No puede el Estado, bajo ningún concepto, irrumpir en propiedades privadas sin orden de autoridad competente, ni decomisar bienes de trabajadores o empresas sin amparo legal. La Constitución no admite excepciones en materia de derechos fundamentales”.
La entidad manifestó su respaldo a los esfuerzos del Estado dominicano por regularizar la situación de los trabajadores extranjeros, destacando que el orden y la legalidad son pilares necesarios para el desarrollo del país. No obstante, subrayó que dichos procesos deben ejecutarse dentro del marco legal establecido, sin atropellos ni actuaciones arbitrarias que vulneren las garantías y la seguridad jurídica del sector construcción.
Las actuaciones denunciadas por APROCOVICI, según sus especialistas legales, contravienen disposiciones expresas de la Constitución de la República Dominicana, entre ellas los artículos 44 (inviolabilidad del domicilio y respeto a la vida privada), 51 (derecho de propiedad), 68 (garantía de efectividad de las garantías constitucionales) y 69 (tutela judicial efectiva y debido proceso). Del mismo modo, exceden las atribuciones que confiere la Ley General de Migración No. 285-04, la cual en ningún caso autoriza el ingreso a propiedades privadas sin orden judicial ni el decomiso de bienes fuera de un procedimiento legalmente establecido.
Al actuar sin orden judicial y sin un procedimiento administrativo válido, la Dirección General de Migración incurre en una violación directa al principio de legalidad y al debido proceso establecidos en la Constitución y en la Ley General de Migración, configurando una “vía de hecho”; es decir, una actuación arbitraria, carente de fundamento legal y contraria al Estado de Derecho. Este tipo de acciones, además de vulnerar garantías constitucionales, lacera la imagen de la República Dominicana como un país seguro para invertir y genera incertidumbre entre los sectores productivos nacionales y extranjeros.
El presidente de APROCOVICI, Ing. Sandy Rodríguez, en representación de los miembros de la entidad, exhortó a las autoridades a revisar los protocolos de actuación de los agentes migratorios, a fin de garantizar que el cumplimiento de las leyes se realice dentro del marco constitucional, preservando la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada. “La lucha contra la irregularidad migratoria debe desarrollarse con apego a la ley y en coordinación con las instituciones competentes, sin vulnerar derechos ni generar temor entre los trabajadores y las empresas que operan conforme al ordenamiento legal”, expresó.
