Montecristi, R.D. – Una nueva denuncia de invasión de tierra vuelve a poner bajo cuestionamiento el manejo de los asentamientos agrarios en la zona fronteriza del país, tras las acusaciones de la campesina Celeste Domínguez (Japón), quien asegura estar siendo víctima de ocupaciones ilegales en terrenos que le fueron adjudicados por el Estado dominicano.
El caso, registrado en la comunidad del Kilómetro 13 de Montecristi, adquiere mayor gravedad por el señalamiento directo contra funcionarios públicos. La denunciante afirma que los ocupantes irregulares contarían con el respaldo de Erodys Díaz, vinculado a la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, y del abogado Eddy Rojas, a quienes acusa de proteger y facilitar la permanencia de los invasores.
Según su testimonio, parte de los ocupantes serían familiares del propio Rojas, quienes habrían tomado control de una porción significativa de las tierras originalmente destinadas a la producción agrícola, dejando a la beneficiaria en condiciones de vulnerabilidad y sin garantías efectivas de protección por parte del Estado.
Uno de los elementos más preocupantes del caso es la recurrencia de las ocupaciones. De acuerdo con la denuncia, los presuntos invasores han sido desalojados en ocasiones anteriores; sin embargo, regresan sistemáticamente, rompen candados, irrumpen en la propiedad y se apropian de estructuras ya existentes, en un patrón que evidencia debilidad institucional y falta de seguimiento a las decisiones judiciales o administrativas.
A esto se suma un elemento que agrava el clima de tensión: según la denunciante, uno de los ocupantes habría afirmado que “ni el Presidente lo saca de esas tierras”, una expresión que, más allá de lo anecdótico, refleja la percepción de impunidad que rodea el caso y la aparente ausencia de autoridad efectiva en el territorio.
El conflicto plantea interrogantes sobre el rol de las instituciones responsables de garantizar la seguridad jurídica de los terrenos adjudicados por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), así como sobre la actuación de organismos vinculados al desarrollo fronterizo, cuya misión debería centrarse en fortalecer, y no debilitar, las condiciones del campesinado.
Ante este escenario, Celeste Domínguez (Japón) hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader para que ordene una investigación exhaustiva e independiente, que permita esclarecer las responsabilidades y frenar lo que califica como un proceso sistemático de despojo.
