La Junta Central Electoral (JCE) ha sometido al Congreso Nacional una importante propuesta de ley para regular las candidaturas independientes, en cumplimiento de su mandato constitucional (art. 96.4) y en respuesta directa a la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional. Con esta iniciativa, se busca llenar un vacío normativo sensible, pero sin desmontar el orden ni la estabilidad del sistema político-electoral dominicano.
A través de esta propuesta, la JCE establece que quienes deseen postularse sin estar afiliados a un partido deberán hacerlo mediante la creación de asociaciones cívicas sin fines de lucro, constituidas legalmente con el único fin de presentar candidaturas independientes en un proceso electoral determinado. Estas asociaciones deberán contar con acta constitutiva, inscripción ante la Procuraduría, apertura de cuenta bancaria, registro fiscal (RNC) y responsable financiero designado.
Uno de los puntos más relevantes es que las candidaturas independientes deberán contar con un respaldo ciudadano mínimo del 2% del padrón electoral correspondiente a su demarcación, mediante un proceso de recolección de firmas verificadas digitalmente a través de una aplicación oficial de la JCE. Esto garantiza que solo accedan a la boleta aquellos aspirantes con verdadero apoyo social, evitando la dispersión irresponsable de candidaturas sin base real.
La ley también establece limitaciones claves: solo se permitirán hasta tres candidaturas independientes por demarcación; se prohíbe recibir financiamiento público o hacer alianzas con partidos; y, en caso de renuncia, inhabilitación o fallecimiento del candidato, no se permite su sustitución. Además, en el nivel plurinominal (como diputaciones), si una candidatura independiente obtiene más votos que los necesarios para un escaño, los votos sobrantes no se acumulan ni benefician a otros candidatos, como ocurre en los partidos.
Estas reglas no son fortuitas. La JCE busca establecer un sistema equilibrado, que reconozca el derecho constitucional a ser elegido sin militancia partidaria, pero que también preserve el orden, la transparencia y la equidad del proceso electoral. No se trata de cerrar puertas, sino de poner reglas claras, coherentes y justas para todos los actores, sin privilegios ni atajos.
Hay que recordar que los partidos políticos, para participar en elecciones, deben cumplir con exigencias rigurosas: estructura orgánica, estatutos, registros de miembros, rendición de cuentas, supervisión constante. Por tanto, no sería razonable permitir que una candidatura independiente acceda a la boleta sin ningún tipo de control o responsabilidad. La equidad exige simetría mínima entre todos los que compiten por el poder.
Ahora bien, esta propuesta no es una ley cerrada. Ha sido depositada en el Congreso Nacional y, como es natural, entra ahora al filtro institucional, comenzando por la Cámara de Diputados, donde los legisladores podremos revisarla, mejorarla y proponer ajustes. En ese proceso democrático y plural, se espera que surja una versión final más acabada, fruto del consenso entre los partidos, los bloques y todos los actores representados en el Congreso.
La propuesta de la JCE no niega derechos. Al contrario, los canaliza de manera institucional, protege el proceso electoral de la improvisación y mantiene la equidad frente a quienes sí cumplen con el rigor que exige la ley. Corresponde ahora al Congreso Nacional asumir su rol histórico: debatir con altura, legislar con responsabilidad y entregar al país una ley que garantice participación sin desorden, apertura sin anarquía y democracia con reglas.
