El Partido de la Liberación Dominicana atraviesa en la actualidad por un momento crucial que alcanza su máxima expresión en el recrudecimiento de las posiciones antagónicas de sus dos principales liderazgos y en la secuencia de eventos desagradables enlazados a denuncias de corrupción, encausamientos judiciales y disputas públicas entre algunas de sus connotadas figuras dirigenciales.
El panorama reinante domina la atención de la opinión pública nacional y desnuda la imagen de un partido atrapado en sus rebatiñas internas, sin autoridad para imponer el equilibrio y carente del mandato suficiente como para garantizar que impere el espíritu de sus propias reglas de juego.
La ley de partidos y en lo particular el carácter de las primarias, se ha constituido en el pilar por excelencia donde se expresan más concretamente las confrontaciones entre los dos principales liderazgos morados y, a la vez, se exhibe con mayor crudeza la falta de voluntad para conciliar una decisión que gravita en la unidad del propio partido y en la salud de los procesos electorales que tendrán efecto en el año 2020.
El país tiene conciencia plena de que, tras largos meses de reuniones y debates, el comité político no pudo lograr consenso para fijar la posición institucional del partido respecto al tema, se despojó del mismo y delegó en el congreso, dominado por el oficialismo, pero el caso está en un punto muerto y no se vislumbran acuerdos para sacar las leyes de partido y electoral.
Esas confrontaciones y los propósitos que cada bando atribuye al otro respecto al tema, parecería la fuente que nutre el conflictivo contexto sobre el que se exhibe un PLD gobernante y opositor a la vez.
De ahí que muchos tipifiquen como “resultado del escarceo” algunas de las acciones vinculadas al caso Odebrecht, las suspensiones provisionales de dirigentes, los pleitos públicos y descalificaciones entre figuras moradas e, incluso, la resolución que emitiera la Junta Central Electoral respecto al proselitismo en las calles.
Sobre este último particular llueven las versiones de que “manos palaciegas” habrían cabildeado la disposición del alto organismo electoral, por cierto públicamente cuestionada y definida como carente de fundamento legal por el propio presidente del PLD, Leonel Fernández.
Pero a pesar de lo visto hasta aquí, parece innegable que la realidad que afecta hoy al PLD no es solo atribuible a los factores indicados como consecuencia de las confrontaciones de sus dos principales liderazgos, sino que es responsabilidad directa de su cuadro dirigencial expresado en el comité político.
El raciocinio deberá imponerse y entonces se volverá a reconocer que la fortaleza del PLD está vinculada al respeto de su institucionalidad, al funcionamiento de sus dormidas estructuras, a la realización puntual de su congreso y a la renovación postergada de sus dirigentes, todo en receso desde la muerte de su líder el profesor Juan Bosch.
Naturalmente, para eso se hace imperativo que las bases del partido asuman la defensa de la unidad partidaria y el respecto a los procesos internos, como siempre lo defendió su mentor y guía.
