La Lotería Nacional Dominicana fue fundada en 1882 por Francisco Xavier Billini , su propósito original era claro y noble,: recaudar fondos para ayudar a enfermos, ancianos y niños desamparados. Era en esencia, una herramienta social. Hoy, más de un siglo después, esa esencia parece haberse diluido entre números, sorteos y una expansión que ya muchos califican como descontrolada.
Lo que en su momento fue “la Lotería del Padre Billini” se ha transformado en un ecosistema saturado. Ya no se trata de una institución, sino de decenas de loterías y cientos de juegos que compiten entre sí en cada esquina del país. La imagen es cotidiana: bancas una al lado de otra, en barrios, avenidas, zonas comerciales e incluso cerca de centros educativos. La normalización del juego como parte del paisaje urbano debería, al menos, encender algunas alarmas.
Las cifras son reveladoras. Se estima que en República Dominicana existen más de 70,000 bancas de lotería están acogidas a procesos de regularización, pero apenas unas 30,974 operan formalmente, cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Es decir, las millas funcionan al margen de la legalidad. Y si a eso se suma la percepción generalizada de que las bancas ilegales podrían triplicar a las registradas, el panorama se vuelve aún más preocupante.
El contraste es inevitable. Mientras el sistema educativo público cuenta con alrededor de 7,839 planteles, el número de bancas supera ampliamente esa cifra. No se trata de demonizar el juego ni de ignorar que genera empleos y dinamiza cierta actividad económica, pero sí de cuestionar qué modelo de desarrollo estamos promoviendo cuando resulta más fácil abrir una banca que fortalecer un espacio educativo.
En ciudades como Santiago de los Caballeros , la situación adquiere matices particulares. Es un secreto a voces que algunos propietarios utilizan una sola licencia para operar múltiples puntos, burlándose de controles y debilitando aún más la institucionalidad. A esto se suman las llamadas “maquinitas”, que proliferan sin regulación efectiva y representan competencia desleal incluso para quienes sí cumplen con la ley.
El problema no es únicamente económico o legal; también es social. La expansión indiscriminada de las bancas tiene efectos en hábitos, en familias y en comunidades enteras. Cuando el juego se convierte en una opción constante y accesible, especialmente en sectores vulnerables, deja de ser entretenimiento.
Recuperar el espíritu original de la Lotería no implica eliminarla, sino reordenarla. Implica regulación real, fiscalización efectiva y, sobre todo, voluntad política para enfrentar intereses que durante años han crecido a la sombra de la permisividad. También supone replantear el papel del Estado: ¿recaudador pasivo o garantía de equilibrio social?
La historia ya nos dio una referencia clara con Billini: el juego como medio para el bien común. El presente en cambio, nos plantea un desafío distinto. Cuando una herramienta creada para ayudar termina generando más problemas que soluciones, no estamos ante una tradición que evoluciona, sino ante un propósito desvirtuado. Y lo que se pierde, si no se corrige a tiempo, suele terminar pasando factura.
