SANTO DOMINGO.- El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, aseguró que los 35 mil millones de pesos en la cuanta del Banco Popular por la cual está acusado de enriquecimiento ilícito pertenece al Partido de la Liberación Dominicana y nunca fue manejada por él.
Para demostrarlo, sus abogados Miguel Valerio y Ramón Núñez solicitaron al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, que cite como testigo a Ramón Rivas Cordero en el caso Odebrecht.
Asimismo, en el escrito de defensa que presentaron por ante la secretaria general de la Suprema pidieron que se acredite el testimonio de Diego Hugo de Moya Sander, Rosa Nidia Vicente, Pedro Delgado Malagón y José Miguel Ureña Sosa, con lo cual buscan que Díaz Rúa sea exonerado de toda responsabilidad penal.
Con las declaraciones de De Moya Sander, los juristas buscan determinar que el imputado no ejerció presión alguna para que Diego de Moya Canaán cediera sus derechos en la autopista del Coral, y que esa cesión fue con Obras Públicas.
Con la testigo a descargo Nidia Vicente, buscan demostrar que esa señora fungió como supervisora de la carretera Casabito-Constanza y El Río-Jarabacoa y que los aumentos que se realizaron fueron con fines lícitos.
Asimismo, pretenden demostrar que Delgado Malagón fungió como supervisor de la carretera El Coral y Corredor Duarte y que los aumentos que se realizaron fueron con fines lícitos.
Con el testimonio de Ureña Sosa buscan demostrar que la transacción generada por Inversiones Jomasami, S.R.L, constructora J.M, S.R.L, tiene su origen en una actividad lícita.
Los abogados de Díz Rúa solicitaron reservar la posibilidad de aportar nuevos elementos de pruebas y oponer nuevas excepciones incidentales debido a que la notificación que procedió al presente escrito de acusación del Ministerio Público es violatorio a los artículos 142 y 298 del Código Procesal Penal, según lo explicado en la sección II referente a la legitimidad.
Asimismo, pidieron al juez de la instrucción declarar nula la acusación penal presentada en su contra por el Ministerio Público el 7 de junio pasado y todo el proceso investigativo que le precedió.
Solicitaron también que Ortega Polanco disponga el archivo definitivo de la acusación en su contra por soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, por considerar que constituye una doble persecución en contra su cliente.
