La Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santiago hace de conocimiento público su profunda preocupación ante la pésima gestión con la que se ha venido manejando una concesión minera en la Cordillera Septentrional, situación que ha generado intranquilidad social, tensiones comunitarias y protestas en diversas localidades comprendidas dentro del ámbito de dicha concesión.
Propietarios y ocupantes de terrenos en las comunidades de Pedro García, San Francisco de Jacagua, El Hoyazo, Ranchito Piché, Palo Alto y Quinigua han denunciado el ingreso de personal vinculado a actividades de exploración minera sin la debida autorización previa de los titulares del suelo, hecho que resulta inaceptable y contrario a las normas que regulan la actividad minera en la República Dominicana.
De acuerdo con los reportes recibidos, estas incursiones se han producido sin consentimiento escrito, sin acuerdos indemnizatorios previos y sin información formal a los propietarios, lo que constituye una situación grave que vulnera derechos fundamentales y contradice las condiciones bajo las cuales fue otorgada la concesión de exploración minera.
Asimismo, la Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santiago advierte que no ha existido un proceso de información amplia, clara y transparente dirigido a las comunidades afectadas sobre los objetivos, alcances y fases del proyecto de exploración minera amparado en la Resolución R-MEM-CM-013-2024 “COBRE EL HOYAZO II”, emitida por el Ministerio de Energía y Minas. No se han realizado reuniones comunitarias informativas ni se han habilitado espacios de diálogo que permitan a los residentes conocer y comprender el proyecto.
Como consecuencia de esta deficiente gestión institucional y de la escasa o nula respuesta de las autoridades competentes a los reclamos formulados, comunitarios, propietarios de terrenos y sacerdotes de las localidades incluidas en la resolución se han visto en la necesidad de levantarse en protesta, reclamando respeto a sus derechos, a su territorio y a la convivencia comunitaria.
De manera complementaria, líderes comunitarios y representantes de la iglesia han manifestado su preocupación por los posibles impactos ambientales negativos que pudieran derivarse tanto de las actividades de exploración como de una eventual explotación minera futura, particularmente sobre las fuentes de agua, los suelos productivos y el equilibrio ambiental de la zona.
La Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santiago reitera que el desarrollo no puede imponerse a espaldas de las comunidades ni mediante prácticas irregulares, y exhorta a las autoridades competentes a investigar con seriedad las denuncias presentadas, garantizar el cumplimiento estricto de la ley y restablecer canales efectivos de diálogo que eviten una mayor conflictividad social en la Cordillera Septentrional.
