Santo Domingo.– La tarde de este miércoles, el Patronato Cibaeño contra el Cáncer, representado por su presidente, el doctor Iván Alexis Mercader Mateo, presentó una querella formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el ingeniero Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa y su exesposa, a quienes acusa de conformar una organización criminal para desviar fondos de dicha institución.
Los abogados Johann Newton López y Elsa Trinidad Gutiérrez, depositaron la querella en representación del Patronato, señalando al ingeniero Héctor Antonio Lora Cruceta como principal responsable de crear una estructura destinada al desvío de fondos del Instituto Oncológico, en coordinación con Dilcia I. Vargas Sánchez (exesposa) y Luisa Yasiris Guzmán de Lora (esposa actual), a través de la Fundación TOCATERD y otros individuos.
La acción judicial, presentada ante la magistrada Mirna Ortiz, Procuradora General de Corte Titular de la PEPCA, sostiene que los miembros de la Junta Directiva del Patronato no recibían beneficios económicos, conforme al artículo 16 de los estatutos institucionales, que establece que “estos cargos son honoríficos”. Sin embargo, el imputado Lora Cruceta se autodesignó un salario de 600 mil pesos bajo el concepto de “gastos de representación”, lo que califican como una burla para los pacientes más necesitados que padecen cáncer.
La querella detalla que los imputados habrían violado los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 2, numeral 11, y 3, numerales 1 y 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Los abogado López y Trinidad, explicaron que en el primer entramado criminal el imputado Lora Cruceta, junto a Dilcia I. Vargas Sánchez, creó la empresa Lora Vargas & Asociados, posteriormente renombrada como Vargas Guzmán Accounting Center SRL, utilizando los apellidos de su exesposa y su esposa actual para encubrir operaciones destinadas al desvío de fondos.
De acuerdo con la querella, el imputado Lora Cruceta permitió que dicha empresa, manejada por Vargas Sánchez, cobrara a las ARS las facturas de pacientes asegurados, reteniendo un porcentaje de los pagos, pese a que el Instituto Oncológico no opera con fines de lucro, afectando así los recursos destinados a pacientes con cáncer. Bajo esta modalidad, los querellantes aseguran que se desviaron cientos de millones de pesos.
Asimismo, se acusa al ingeniero Lora Cruceta, en asociación con Luisa Yasiris Guzmán de Lora, de crear la Fundación TOCATERD para desplazar a otras organizaciones sin fines de lucro vinculadas al Instituto y canalizar fondos en beneficio propio, apoderándose de decenas de millones de pesos.
Otro de los mecanismos descritos en la querella consistía en inflar las facturas de medicamentos de alto costo, reportando más productos de los realmente aplicados. Esta práctica habría constituido una estafa a las ARS y a los pacientes, al agotar injustificadamente las coberturas anuales de medicamentos, perjudicando especialmente al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Como medios de prueba, el Patronato presentó memorias USB, reportajes de investigación realizados por Indhira Vásquez (Listín Diario) y Julissa Céspedes (CDN), así como auditorías de contadores públicos autorizados.
El doctor Mercader, en representación de la Junta Directiva del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, solicitó al Ministerio Público una investigación exhaustiva y la imposición de medidas de coerción con prisión preventiva contra los imputados.
Hasta la fecha, el Patronato Cibaeño contra el Cáncer mantiene deudas superiores a los ochocientos millones de pesos, atribuibles a las irregularidades detectadas durante la gestión del ingeniero Héctor Lora.
