Leer la querella interpuesta por los abogados del Patronato Cibaeño contra el Cáncer contra su exdirector, el ingeniero Héctor Antonio Lora Cruceta, junto a su esposa actual Luisa Yasiris Guzmán de Lora y su exesposa Dilcia I. Vargas Sánchez, provoca indignación y tristeza. Resulta doloroso imaginar cuántos pacientes de escasos recursos, luchando contra el cáncer, pudieron haber sufrido por la falta de medicamentos o atención médica adecuada, mientras se desviaban fondos destinados a aliviar su dolor.
Según el documento judicial, los imputados habrían violado los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano, además de los artículos 2, numeral 11, y 3, numerales 1 y 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La querella detalla cómo Lora Cruceta habría creado una empresa utilizando los apellidos de su exesposa y su esposa actual, con el propósito de encubrir operaciones destinadas al desvío de recursos del Instituto Oncológico, dejando a cientos de pacientes sin medicamentos ni tratamientos esenciales.
Asimismo, se señala que otro de los mecanismos utilizados consistía en inflar las facturas de medicamentos de alto costo, reportando más productos de los realmente aplicados. Esta práctica habría constituido una estafa a las ARS y a los pacientes, agotando injustificadamente las coberturas anuales de medicamentos y afectando gravemente al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Frente a estas denuncias, la sociedad espera una respuesta contundente de las autoridades judiciales. Es necesario investigar a fondo si hubo víctimas mortales a causa de la falta de atención o medicación, y aplicar todo el peso de la ley a quienes, de confirmarse los hechos, convirtieron la enfermedad y la necesidad en una fuente de enriquecimiento personal.
Más que un caso judicial, esta querella es una herida abierta en la conciencia colectiva: jugar con la esperanza de quienes luchan por su vida no solo es un delito, es una falta de humanidad imperdonable.
