Contrario a lo que muchos propagan y otros creen, es al congreso nacional, no el gobierno, a quien corresponde producir cambios en las leyes vigentes para que los combustibles reflejen rebajas importantes y permanentes en el país.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes está obligado a sujetarse a la Ley de hidrocarburos, No. 112-00 del año 2000, y a la de Reforma Fiscal, NO. 405-06, que fija un ad valoren al precio de la gasolina primium, y solo tiene incidencia en la fijación de los márgenes de beneficios a los agentes que participan en el negocio, así como en las exenciones que el gobierno otorga a empresas generadoras de electricidad y a constructoras.
Son esas leyes citadas, además de la cotización de la prima del dólar, las que encarecen los costos al punto de que, al 16 de junio de este año, los precios de la gasolina primium y la regular, también del gasoil regular, fueron más altos un 46, 45 y 40 por ciento, respectivamente, que en todos los países de Centroamérica.
Esa realidad está sustentada en un informe del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), entidad que atribuye la diferencia entre los precios de los combustibles en República Dominicana y de los países de América Central, a los impuestos fijados por las leyes.
“La diferencia entre estos precios se explica, principalmente, por los altos impuestos cobrados en la República Dominicana a todos los combustibles en sentido general. Estos impuestos representaron, en promedio, el 36.6% del precio de venta de las gasolinas y el 24.6% del gasoil en República Dominicana”, afirma el CREES.
Y solo hay que detenerse a observar el comportamiento de los impuestos y la incidencia que estos tienen en el precio final que el consumidor pagará esta semana por la adquisición de los combustibles.
En efecto, para la semana del 14 al 20 de julio el precio de la gasolina primium, por ejemplo, se situó en RD$241.30. De este monto, los consumidores pagaremos 90 pesos de impuestos por cada galón, un 37.3%, a lo que se agrega la ganancia de los distribuidores y detallistas, alrededor de 42 pesos, igual a un 17.4%., que en conjunto totalizan un 54.7%.
Un simple ejercicio matemático permitiría establecer que por impuestos y ganancias de la cadena de distribución, el precio de la gasolina citada tiene agregada la cantidad de 132 pesos. De manera que si se restan esos 132 pesos al valor actual de 241.30, lo que deberíamos pagar los dominicanos esta semana por un galón de gasolina primium es tan solo 109 pesos.
Además de que el gobierno no puede variar esas leyes, los ingresos al fisco por la venta de combustibles tienen una gran incidencia en la economía del país, lo que le convierten en un tema de Estado, razón por la que ningún gobierno se prestaría a renunciar a esa partida, a menos que no quisiera provocar un déficit considerable en sus proyección de ingresos presupuestarios.
Para el año 2017 el Gobierno Dominicano recibió cerca de 50 mil millones de pesos por ese renglón y los mismos estuvieron amparados en leyes a las que, por iniciativa propia, nunca renunciaría.
Pero tampoco podría prescindir, para bajar los precios, de la cadena de distribución en que descansa el negocio de los combustibles, porque sencillamente no podría por si solo suplir el mercado y estaría actuando contrario a la naturaleza de una sociedad de mercados como la nuestra.
A pesar de que cualquier otro argumento pudiera reducirse a simple propaganda política, naturalmente con valor agregado para a quien lo promueve, la oposición con representación en el congreso nacional, de derecha e izquierda, de manera populista solo se limita a lanzar ataques al gobierno de turno cada vez que suben los precios de los combustibles y, aunque parezca extraño, nunca asume la lucha popular y social como mecanismo de presión para imponer nuevas normativas legales, que favorezcan las bajas que los consumidores claman.
La opinión pública sabe que esa representación, a la que se suma ciertos sectores liberales, desde hace muchos años ha contado con voces en el congreso nacional, pero que, “inexplicablemente”, se pueden contar con los dedos las veces que han consensuado, primero en el seno del pueblo y luego sometido al congreso, proyectos para modificar la estructura impositiva que afecta los precios de los combustibles.
Por ejemplo, en el presente periódico legislativo se sumaron figuras históricas de la lucha revolucionaria, así como también, ex líderes de los frentes productores de paros y huelgas generales en los pueblos del país, pero, a pesar de que van rumbo a dos años en el congreso, no se conoce que hayan generado una sola iniciativa legislativa, sobre el tema, que se identifique con el clamor del pueblo que dicen representar.
