La Fuerza del Pueblo pidió investigar la aprobación de seis mil licencias ambientales por parte del Ministerio de Medio Ambiente, al considerar que la entidad no tiene capacidad para procesar esa cantidad.
En una rueda de prensa ofrecida por la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, su titular, Paino Abreu Collado, se refirió al tema luego de las declaraciones sobre las licencias del ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez.
Abreu Collado consideró que el Ministerio de Medio Ambiente no posee la capacidad para otorgar 6,000 licencias en tan solo 11 meses, mientras que señaló al ministro como responsable de un modelo de gestión ambiental “peligrosamente distorsionado”, basado en cifras inconsistentes y decisiones que podrían estar vulnerando los principios fundamentales de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“En una reciente comparecencia el ministro de Medio Ambiente, licenciado Paíno Henríquez, se refirió a varios aspectos de la gestión ambiental del gobierno, en gran parte mostrando ignorancia sobre los temas tratados y ofreciendo datos inexactos e informaciones indemostrables”, dijo Abreu al leer el documento de prensa.
Ante esto, destacó la posibilidad de que en la institución opere un mercado para la venta de permisos ambientales, y que no se está cumpliendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Autorizaciones Ambientales.
«Se habla de agentes que canalizan la obtención de estos permisos a quienes pagan montos extras por fuera», manifestó.
La Secretaría de Medio Ambiente del partido hizo un llamado a la Oficina de Ética Pública e Integridad Gubernamental (Oeig), para que intervenga e investigue lo que esté ocurriendo las autorizaciones ambientales.
Apuntó que la aplicación rigurosa del sistema de permisos y licencias ambientales es lo que permite prevenir, controlar, y mitigar los posibles impactos ambientales de proyectos, industrias e infraestructuras.
«Las autorizaciones ambientales no se dan a la carrera, aprobando proyectos que podrían tener potenciales impactos negativos. En ninguna gestión ambiental anterior se habían desvirtuado de forma tan grosera los mandatos de la Constitución y las leyes respecto a la protección, conservación y cuidado del medio ambiente», expresó Paino Abreu.
Además, la organización política recomendó a la Cámara de Cuentas que realice una auditoría forense para determinar si se está cumpliendo con los mandatos reglamentarios de la Ley 64-00 que mide los sistemas y modos de impacto ambiental en el país.
La Fuerza del Pueblo también denunció un “abandono institucional” de las áreas protegidas y el deterioro en las condiciones laborales de los guardaparques, acusando que muchos de ellos no trabajan en el terreno y que en realidad figuran en la nómina como “botellas”.
“Históricamente existía personal entrenado, equipado y con supervisión estructurada desde el Ministerio, mientras que en la actualidad muchos de los llamados guardaparques no operan realmente en el territorio, son botellas que cobran en sus casas. Los que sí lo hacen, carecen de los recursos básicos y están muy mal pagados. En la actualidad los guardaparques carecen de identidad, de mística y de autoridad”, sostuvo Paino Abreu.
Según la denuncia, esto ha debilitado la capacidad de vigilancia, conservación y respuesta en los ecosistemas protegidos, afectando funciones esenciales para la biodiversidad y el equilibrio ecológico nacional.
