Moca, provincia Espaillat.– La Dirección Provincial de la Fuerza del Pueblo en Espaillat y la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento de la Fuerza del Pueblo afirmaron este lunes que el Gobierno dominicano no tiene autoridad moral para pedir paciencia a los moradores de Moca, Gaspar Hernández y demás comunidades de la provincia Espaillat afectadas por la falta de agua potable, cuando lo que corresponde es que las autoridades pidan perdón por los retrasos, incumplimientos y recortes acumulados en el proyecto financiado por el Banco Mundial para mejorar el abastecimiento de agua potable y los servicios de aguas residuales en esta demarcación.
La organización política sostuvo que el proyecto de Moca y Gaspar Hernández, por US$43.5 millones, fue presentado como una solución importante para mejorar el servicio de agua y saneamiento en la provincia Espaillat, pero la realidad documentada demuestra que el Gobierno ha fallado en su ejecución. El proyecto, que debía concluir en mayo de 2026, tuvo que ser reestructurado y extendido hasta mayo de 2028, como consecuencia de retrasos significativos, debilidades técnicas, problemas de gestión y falta de capacidad gerencial.
“Este Gobierno no puede venir a pedirle paciencia a una población que lleva años esperando agua. Lo que debió hacer fue pedir perdón. Pedir perdón por las promesas incumplidas, por la mala planificación, por la baja ejecución y por haber llevado un proyecto tan necesario a una reestructuración que no solo retrasa las obras, sino que reduce el alcance de las soluciones prometidas”, expresaron ambas entidades.
La Fuerza del Pueblo advirtió que el caso no se limita a una extensión de plazo. Según los documentos revisados del propio proyecto, la reformulación implica una disminución concreta de obras, metas y beneficiarios. Es decir, la población no solo tendrá que esperar más tiempo, sino que además recibirá menos de lo originalmente prometido.
Entre las reducciones más graves señaladas por la organización figuran:
Los medidores de agua a instalar fueron reducidos de 10,000 a 2,500, lo que representa apenas una cuarta parte de la meta originalmente prevista.
Las redes de distribución de agua potable a rehabilitar fueron reducidas de 50 kilómetros a 20 kilómetros.
Las nuevas conexiones de agua potable se redujeron de 12,750 beneficiarios a 7,500.
Las personas con acceso a agua potable gestionada de forma segura bajaron de 123,000 a 117,750.
Las personas con nuevo acceso a alcantarillado sanitario bajaron de 47,440 a 37,950.
Las personas con acceso a tratamiento mejorado de aguas residuales fueron reducidas de 90,000 a 72,000.
En Moca la red a rehabilitar baja de 157 kilómetros a 100 kilómetros, las estaciones de bombeo se reducen de 3 a 2, y de 9 pequeñas plantas de tratamiento descentralizadas originalmente previstas solo se construirían 3.
En Gaspar Hernández, la red nueva de alcantarillado se reduce de 31 kilómetros a 20 kilómetros, y se cancelan las 6 pequeñas plantas de tratamiento descentralizadas previstas para la zona oriental de la ciudad.
La Dirección Provincial de la Fuerza del Pueblo en Espaillat y la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento indicaron que estos datos son la demostración de que la gestión del Gobierno en materia de agua no ha estado a la altura de las necesidades de la población ni de la magnitud de los recursos comprometidos.
“Estamos hablando de un proyecto financiado con deuda externa, con respaldo del Banco Mundial, destinado a resolver problemas reales de agua potable y saneamiento. Sin embargo, por incapacidad gerencial y técnica, el Gobierno ha llevado este proyecto a una situación vergonzosa: más tiempo de espera, menos obras, menos beneficiarios y más incertidumbre para las comunidades”, señalaron.
La entidad política advirtió, además, que la nueva fecha de cierre en 2028 tampoco constituye una garantía automática de cumplimiento. A su juicio, el proyecto solo podría terminar en esa fecha si el Gobierno mejora sustancialmente su capacidad de planificación, contratación, supervisión y ejecución; una capacidad que, durante los últimos cinco años, la realidad ha puesto seriamente en duda.
“Si en cinco años no han demostrado capacidad para ejecutar con eficiencia, no basta con decir que ahora terminarán en 2028. La población de Espaillat tiene derecho a desconfiar. El Gobierno debe presentar un cronograma serio, metas verificables, responsables claros y consecuencias para quienes han permitido que este proyecto se retrase y se reduzca”, plantearon.
Finalmente, la Dirección Provincial de la Fuerza del Pueblo en Espaillat y la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento afirmaron que mantendrán una vigilancia permanente sobre la ejecución del proyecto y exigirán transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de las obras comprometidas.
“Este no es un favor del Gobierno. Es un derecho de la población. Los moradores de Moca, Gaspar Hernández y toda la provincia Espaillat merecen respeto. Y respetar a la gente significa decir la verdad, cumplir los compromisos y ejecutar las obras completas, no pedir paciencia mientras se reducen las soluciones prometidas”, concluyeron.
