Esta semana el Senado de la República se abocará a la escogencia de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), de las cinco ternas de aspirantes (15), seleccionadas por la Cámara de Diputados, quienes regirán el destino de esa institución rectora de la fiscalización externa de los recursos públicos, por los próximos cuatro años, de acuerdo a la Ley 18-24 (antigua 10-04).
Esta institución dejó mucho que desear en los últimos dos periodos, pues los miembros de los plenos de esos periodos se vieron involucrados en grandes escándalos, conflictos internos, enfrentamientos y acusaciones que rayan en lo moral y en lo ético, además del gran desprestigio, cuestionamiento, descrédito y desconfianza, generados por su inoperancia y la denuncia de modificar (maquillar) los resultados de las escasas auditorías realizadas.
Por primera vez en la historia republicana,
un órgano oficial, como lo es la CCRD, (la gestión 2016-2020), fue intervenida mediante el uso de la fuerza pública, por negarse a suministrar las informaciones solicitadas por la Procuraduría General de la República (PGR), por orden de su incumbente, la licenciada Mirian German Brito, en la que le fueron incautadas las computadoras y otros equipos tecnológicos.
Lamentablemente a esa institución ni a los miembros del pleno de la misma, se le aplicó un régimen de consecuencia, tanto por la PGR, como por el Congreso Nacional.
Para la escogencia de los miembros de la CCRD no siempre impera ni se aplica la transparencia y el criterio de independencia de quienes los escogen, pues no se toma en cuenta la capacidad técnica profesional, experiencia, honestidad, ética, moral y vocación de servicio que reúnen muchos de los aspirantes a formar parte de esa importante institución fiscalizadora de los recursos públicos, los cuales no son tomados en cuenta.
La CCRD debe ser un ejemplo y un modelo a seguir en cuanto a transparencia, pulcritud y rendición de cuentas para las demás instituciones del Estado. La mayoría de las veces, para dicha escogencia, predominan los intereses políticos, partidarios y de grupos sociales por encima de los nacionales.
Nuestro país ya no soporta más escándalos, actos de corrupción y distracción de los recursos públicos, responsables de que la canasta familiar se haga cada día inalcanzable para los sectores vulnerables y de bajos ingresos; que la deuda externa, la evasión fiscal sean cada vez más alta; los servicios públicos básicos y que la seguridad social y ciudadana sean cada vez más deficientes.
Desgraciadamente, así como marcha el Congreso Nacional, salvo algunas excepciones de quienes lo conforman, cada vez más deficiente, desprestigiado e inoperante, así también se ha querido y se quiere conformar una CCRD que responda a sus intereses.
El Congreso Nacional ha tenido y sigue teniendo una gran responsabilidad y culpabilidad con el mal manejo de los recursos públicos y con los actos de corrupción que cometen muchos funcionarios públicos. Primero, porque es el poder del estado que escoge a los miembros de la CCRD, y segundo, porque forma parte fundamental del Sistema Nacional de Control de los recursos públicos, el cual está constituido por la CCRD (control externo), la Contraloría General de la República (control interno), el Congreso Nacional (control político) y el Control Social (la sociedad, representada por sus instituciones).
Como podemos observar, el Congreso Nacional tiene facultad para destituir, interpelar, someter a la justicia o realizar un juicio político a los funcionarios que violen la ley, cometan actos de corrupción, realicen manejos inadecuados o distraigan los recursos públicos.
Ya existen denuncias y grandes críticas a la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, por la forma cómo se realizó la escogencia de las ternas de los aspirantes a formar parte del pleno de
la nueva CCRD, por lo que se continúa haciendo más de lo mismo, cometiendo y aplicando las acostumbradas marrullas en dicha selección, por lo que los recursos del presupuesto nacional se continuarán tirando por la borda, sin que se aplique un régimen de consecuencia.
No nos sorprendamos si con esta escogencia se produzca una nueva crisis institucional, pues “de aquellos polvos vienen estos lodos”. Que Dios nos coja confesados.
El autor es Contador Público Autorizado
Máster en Relaciones Internacionales
Ex Diputado al Congreso Nacional y
Miembro de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016
