Por: Miguel Ángel Cid Cid
Por arriba estaban las instancias del gobierno central exigiendo que losayuntamientos crearan las oficinas de información pública municipal. Por abajohabía ciudadanos y líderes comunitarios pidiendo información actualizada detodo tipo. En el medio de la tortilla estaban los ayuntamientos, sin posibilidad deresponder a las exigencias de unos y de otros.
El hambre por tener información veraz sobre los proyectos y las acciones de losayuntamientos la aumentó la Ley 200-04 sobre Acceso a la Información Pública.El periodista Huchi Lora aprovechó ese marco legal y solicitó a la OPRET copia delos planos del Metro de Santo Domingo.
La petición de Luis Eduardo Lora desató un debate sobre los alcances de lamencionada Ley. Los dimes y diretes coparon los medios de comunicación delpaís.
Por un lado estaba Diandino Peña, el ingeniero contratista de la obra y, al mismotiempo, Director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte. Él alegabaque la información solicitada por Lora era de carácter estratégico. Que diseminarlaponía en peligro la seguridad del Estado. No era posible poner esa información enmanos de cualquiera, etc., etc.
El periodista Lora estaba en el otro lado. Cibaeño de pura cepa, quien ante lanegativa de la OPRET, insistió con más ardor en la petición. Interpuso un recursode amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Y remitió una instancia ante elTribunal Contencioso Tributario y Administrativo en contra de la OPRET.
El tribunal emanó una sentencia dando ganancia de causa a Huchi Lora. Contodo, el ingeniero Diandino, creyéndose todopoderoso siguió negado, cerrado acal y canto. Pero era más cómodo que Peña tuviera un clavo en un zapato y no lainsistencia de un cibaeño. Al final tuvo que entregar la información solicitada.
La narrativa del Poder del Estado siempre clasificó la información pública comosecreto de Estado. En teoría la Ley 200-04 le echó tierra a esa visión excluyente.La petición exitosa de Huchi Lora, en consecuencia, le dio carácter práctico. Fijóen los ciudadanos la idea de que podían tener acceso a la información pública.
En el ámbito local tenemos el mal ejemplo de la negación de información pública ala Dra. Amantina Gómez.
La doctora Amantina Gómez Garrido, médico y dirigente política, era la alcaldesadel municipio Villa Bisonó, Navarrete, Santiago. Pertenece a la religión de losmormones y al PLD. Poco tiempo antes de promulgarse la Ley 200-04 Gómez fueelecta alcaldesa de Navarrete. Permaneció ocho años en el cargo. En los dosperiodos de gobierno local la doctora Gómez se destacó, precisamente, en laviolación a la Ley de Acceso a la Información Pública.
Las violaciones de la alcaldesa se cometían de manera maliciosa. En una ocasión,ante la petición de información por parte de la Unión de Juntas de Vecinos deNavarrete sucedió lo esperado. La negación de Gómez Garrido fue rotunda.Calificó a los líderes locales como un grupo de necios.
Los dirigentes respondieron al insulto mediante la vía legal. Sometieron un recursode amparo ante el Juzgado de Paz del municipio Villa Bisonó, en contra delAyuntamiento local. Si la sentencia favorable a los comunitarios no se hizoesperar, menos esperó la alcaldesa para desacatar el dictamen del tribunal. Fuenecesario una reiteración de la sentencia por parte del juzgado, esta vezacompañada de una intimación de alguacil.
La intimación puso a la doctora Gómez de vuelta y media, como a una guineatuerta. La cortaban y no botaba una gota de sangre. Apeló al teléfono celular,llamó a varios funcionarios y les ordenó entregar dos cajas llenas de documentosa los comunitarios. Quería atosigarlos de información a ver si dejaban de poder,escrito con J.
Otros alcaldes fueron más inteligentes. Aprovecharon la Ley 200-04 parapromoverse como funcionarios cercanos a los líderes comunitarios. Ellospropiciaban que les solicitaran información. Las cedían sin dilación e, inclusive, lesayudaban a los líderes a descifrar los recursos técnicos de los informes. Con esasprácticas habilidosas adelantaban sus aspiraciones continuistas.
Pero en la actualidad no pasa ni una cosa, ni la otra. Es probable que algunosfuncionarios y líderes comunitarios ni tan siquiera sepan que hay una ley que lesda derecho a obtener información de las acciones del gobierno en su conjunto.
En este tiempo en que se cacarea tanto sobre la lucha anti corrupción debería serpromovida la aplicación de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la InformaciónPública.
