El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra 25 personas, entre exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares, arrestadas durante la denominada Operación Senasa 2.0-A, investigación en la que el órgano acusador persigue una presunta red dedicada a defraudar fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos que no habrían sido realizados.
La solicitud de medida de coerción, contenida en un expediente de 525 páginas, fue depositada antes de la medianoche ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional por los titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Mirna Ortiz.
En el proceso también participan los fiscales Yudelka Holguín, Héctor García, Rosa Alba García, Emmanuel Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto, quienes solicitaron, además, que el caso sea declarado complejo.
La magistrada Mirna Ortiz, procuradora de Corte, calificó esta etapa como la “tercera fase” de la investigación, luego de que el Ministerio Público identificara nuevas líneas relacionadas con la presunta sustracción de fondos públicos.
Según explicó Ortiz, el modus operandi de la estructura investigada consistía en facturar y cobrar a Senasa por servicios, consultas y procedimientos médicos que supuestamente nunca fueron realizados.
“Esto no solo drenaba los fondos de SeNaSa, sino que también afectaba la cobertura que cada uno de los pacientes tenía sobre el seguro, pues consumía las cuotas del dinero que el seguro acreditaba en sus pólizas”, explicó la representante del Ministerio Público.
Ortiz sostuvo que el esquema investigado no solo habría provocado un perjuicio económico al Estado, sino que también habría afectado directamente la cobertura de salud de los afiliados de la institución.
La procuradora de Corte precisó que, hasta el momento, los encartados en este expediente son personas físicas, aunque advirtió que las investigaciones podrían ampliarse hacia personas jurídicas y otras líneas de investigación.
Recluidos en Ciudad Nueva
Los 25 imputados permanecen recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de ser trasladados al tribunal, donde se conocerá la solicitud de medida de coerción.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por SeNaSa el 28 de noviembre de 2024, relacionada con presuntas irregularidades en autorizaciones de servicios médicos.
De acuerdo con las pesquisas, entre enero de 2021 y septiembre de 2024, la estructura habría utilizado distintos números telefónicos para gestionar falsas aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del call center de la aseguradora estatal.
Estas autorizaciones, según la investigación, no eran reconocidas por los afiliados cuyos seguros eran utilizados, maniobras que habrían provocado un perjuicio económico preliminar estimado en RD$40 millones.
Los allanamientos y arrestos fueron autorizados por la jueza Ana Lee Florimón, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En el documento, de unas 525 páginas, se imputan a los procesados Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También a los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
El Ministerio Público también solicita prisión para para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
