La República Dominicana, a través de la Cancillería, manifestó ayer que mantiene su política de devolver a Haití a todas aquellas personas que están ilegal en territorio dominicano, de acuerdo con la legislación vigente.
«Como ha dicho el canciller Roberto Álvarez en recientes declaraciones públicas, no ha habido ningún cambio en la política dominicana en cuanto a las deportaciones», se precisó a Diario Libre, cuando buscó la reacción oficial ante la declaración de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), sobre la necesidad acoger a los haitianos que abandonan su país como «refugiados», en medio de la ola de violencia sostenida en Haití.
«Como país tenemos una política establecida que por motivos del interés nacional estamos devolviendo a Haití todas aquellas personas que están ilegal en territorio dominicano de acuerdo a nuestra legislación», indicó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El reclamo del Acnur
Los haitianos deben beneficiarse de la protección de refugiados y no ser devueltos a su país, donde las bandas hacen reinar el terror, indicó el miércoles la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Frente a la situación caótica que reina especialmente en la capital Puerto Príncipe y los temores de un éxodo masivo, la Acnur se anticipó y actualizó las directivas que garantizan la protección de los haitianos más vulnerables.
«La vida, la seguridad y la libertad de los haitianos están amenazadas por la confluencia de la creciente violencia de las bandas y las violaciones de los derechos humanos», declaró Elizabeth Tan, jefe de la división de protección internacional de Acnur, en un comunicado.
«La vida, la seguridad y la libertad de los haitianos están amenazadas por la confluencia de la creciente violencia de las bandas y las violaciones de los derechos humanos»
Elizabeth Tan
Jefe de la división de protección internacional de Acnur“
Haití ha experimentado una oleada de violencia de bandas en las últimas semanas, cuando la población espera por la instauración de un consejo presidencial de transición tras el anuncio de la renuncia del cuestionado Primer ministro Ariel Henry, que maneja los asuntos corrientes.
La Acnur pide a los países que es «imperativo garantizar que los haitianos reciban la protección internacional de estatuto de refugiados».
«Reiteramos también el llamado a todos los Estados a no regresar a la fuerza a las personas a Haití, inclusive las que pidieron asilo y les fue rechazado», añade la agencia de la ONU.
Subraya que un amplio abanico de haitianos podría beneficiarse de la Convención sobre los refugiados de 1951: militantes políticos, periodistas, jueces, abogados y otras personas que luchan contra la corrupción y la criminalidad.
La Acnur recuerda que la Declaración de Cartagena de 1984 amplía la protección a los «individuos afectados por circunstancias que perturban gravemente el orden público en el país y la violencia generalizada en las zonas afectadas por las actividades de las bandas».
La Acnur advierte que observa una «tendencia preocupante» en los haitianos, que emprenden periplos peligrosos, inclusive por mar en condiciones peligrosas.
Nueva oleada de violencia entre bandas
Al menos siete cadáveres aparecieron ayer en las calles de Petion-ville, en las colinas de la capital de Haití, dos días después de que al menos otras quince personas fueran encontradas muertas en la misma zona.
Algunos cuerpos aparecieron con disparos y otros carbonizados, mientras los servicios encargados recogían e introducían en ataúdes los cadáveres, como pudo comprobar EFE.
Se desconoce por el momento las circunstancias de estas muertes, aunque anoche y hoy se escucharon fuertes disparos en toda la zona, la gente dejó las calles vacías y los comerciantes abandonaron los mercados, presas del pánico.
Varias zonas de Petion-ville están en el centro de los enfrentamientos entre bandas o bajo el ataque de grupos armados que pretenden hacerse con el control de la situación en la única comuna que todavía no está completamente en poder de las pandillas.
Todo ello se produce después de la reciente fuga de unos 3,000 presos de dos cárceles de Puerto Príncipe, entre ellos jefes de bandas que habrían recuperado el control de sus territorios.
