Santo Domingo. El titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del partido Fuerza del Pueblo y miembro de su Dirección Política, Raúl Martínez, se refirió a la reciente decisión judicial que declaró el “no ha lugar” a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta en procesos vinculados a presuntos actos de corrupción durante la administración del expresidente Danilo Medina.
Martínez afirmó que, más allá de las opiniones que pueda generar la decisión del tribunal, la posición institucional de la Fuerza del Pueblo ha sido y seguirá siendo de respeto al debido proceso, a la independencia de los tribunales y a las garantías constitucionales que asisten a toda persona sometida a la justicia.
“El respeto a las decisiones judiciales forma parte esencial del Estado de derecho. Corresponde a los tribunales, sobre la base de las pruebas presentadas y del marco legal vigente, determinar la responsabilidad penal o no de las personas sometidas a un proceso”, expresó.
El dirigente político precisó que el respeto a una decisión judicial no implica renunciar al deber ciudadano y político de exigir transparencia, rendición de cuentas y consecuencias frente a cualquier acto de corrupción debidamente comprobado.
En ese sentido, sostuvo que la Fuerza del Pueblo mantiene una postura firme de rechazo a toda manifestación de corrupción y de defensa de la no impunidad, siempre dentro del marco de la ley, el respeto a los derechos fundamentales y las garantías procesales.
Martínez indicó que la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva, mediática ni utilizada como instrumento de persecución política, sino que debe desarrollarse con rigor jurídico, independencia institucional y apego estricto a las normas del debido proceso.
“La justicia debe actuar con firmeza frente a la corrupción, pero también con objetividad, pruebas y respeto a la Constitución. Tan perjudicial para la democracia es la impunidad como el uso abusivo del sistema judicial”, puntualizó.
Finalmente, Raúl Martínez reiteró que la Fuerza del Pueblo continuará promoviendo el fortalecimiento institucional, la independencia del sistema de justicia y la consolidación de mecanismos efectivos de transparencia, control y rendición de cuentas en la administración pública.
