SANTIAGO.– El miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Raúl Martínez, solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) abrir una investigación para determinar responsabilidades por la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales que provocó la pérdida de un recurso judicial relacionado con terrenos ubicados en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional.
Martínez reaccionó a una investigación publicada este miércoles por Diario Libre, según la cual el Estado dominicano deberá pagar RD$2,693.9 millones por 117,937.80 metros cuadrados de terrenos, luego de que la inactividad procesal de los abogados de Bienes Nacionales provocara la perención del recurso de casación mediante el cual la institución intentaba impugnar la condena.
El dirigente político consideró que, por la magnitud de los recursos públicos comprometidos, el caso no puede ser tratado simplemente como un error procesal y reclamó establecer quiénes tenían bajo su responsabilidad el expediente, qué mecanismos de supervisión existían y por qué se permitió que transcurriera el plazo legal sin realizar las actuaciones necesarias para mantener vigente el recurso.
“Estamos hablando de casi RD$2,700 millones que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una actuación o una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el patrimonio del Estado, existe la obligación de investigar, identificar responsabilidades y explicar al país qué ocurrió”, planteó Martínez.
De acuerdo con la información publicada, el Tribunal Superior Administrativo había fijado en RD$2,693,994,196.50 el monto a pagar a los sucesores de los antiguos propietarios de los terrenos. Bienes Nacionales objetaba esa valoración y sostenía que el balance pendiente, debidamente actualizado, era de aproximadamente RD$120.2 millones. Sin embargo, esos argumentos no pudieron ser examinados por la Suprema Corte de Justicia debido a la perención del recurso de casación.
Martínez señaló que esa diferencia hace todavía más necesaria una investigación administrativa independiente, pues el Estado habría quedado impedido de discutir judicialmente una diferencia superior a los RD$2,500 millones como consecuencia de la inactividad procesal.
La sentencia TC/0771/26 del Tribunal Constitucional, dictada el 17 de agosto de 2026, confirmó la decisión de la Suprema Corte de Justicia que había declarado extinguido el recurso. Según el fallo reseñado por Diario Libre, durante tres años no se realizó la actuación procesal requerida para impulsar el expediente, pese a que la legislación establecía mecanismos para evitar su perención.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo sostuvo que la DIGEIG debe establecer quiénes eran los funcionarios, abogados y responsables administrativos encargados del seguimiento del proceso durante el período en que se produjo la inactividad, así como determinar si existieron fallas de supervisión, negligencia u otras conductas que pudieran generar responsabilidad administrativa.
Asimismo, consideró necesario establecer si las autoridades superiores de Bienes Nacionales fueron oportunamente informadas sobre la situación del expediente y qué controles institucionales existían para proteger los intereses patrimoniales del Estado en un litigio de semejante dimensión.
“Los recursos del Estado son recursos de los ciudadanos. No es admisible que miles de millones de pesos puedan perderse por una actuación procesal y que simplemente se pase la página sin determinar qué ocurrió y quién tenía la responsabilidad de impedirlo”, expresó Martínez.
El dirigente opositor sostuvo que la transparencia gubernamental no puede limitarse a declaraciones públicas y evaluaciones institucionales, sino que debe ponerse a prueba precisamente cuando existen hechos que pueden haber provocado un perjuicio económico considerable al patrimonio público.
Martínez exhortó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental a actuar de oficio ante la gravedad de las informaciones reveladas y presentar al país los resultados de la investigación correspondiente.
“Este caso requiere respuestas. El país tiene derecho a saber cómo un expediente en el que estaban comprometidos casi RD$2,700 millones pudo permanecer durante años sin la actuación procesal necesaria para defender los intereses del Estado”, concluyó.
