Santiago de los Caballeros.– El miembro de la Dirección Política y titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, Raúl Martínez, afirmó que al cumplirse seis años de la llegada del presidente Luis Abinader al poder, el Gobierno agotó el tiempo de las promesas y debe rendir cuentas por los problemas que continúan afectando a la población dominicana.
Martínez sostuvo que, después de haber consumido el 75 % de los ocho años para los cuales fue elegido, el Gobierno ya no puede pretender que su gestión sea evaluada por anuncios, planes futuros, inauguraciones parciales u obras que permanecen en ejecución.
“A un Gobierno que ha tenido seis años administrando el país hay que medirlo por resultados. Ya no puede seguir pidiendo tiempo ni presentando como logros proyectos que todavía no concluyen. Llegó el momento de comparar lo prometido con lo realizado”, expresó.
El dirigente de la Fuerza del Pueblo indicó que el deterioro del poder adquisitivo de las familias, el costo de los alimentos, las dificultades del servicio eléctrico, las deficiencias en agua potable, salud, educación, transporte y seguridad ciudadana forman parte del balance que el Gobierno debe explicar al país.
“El dominicano evalúa la economía cuando va al supermercado, cuando recibe la factura eléctrica, cuando tiene que comprar medicamentos, cuando paga transporte o cuando descubre que su salario alcanza cada vez para menos. Esa es la realidad que ninguna campaña publicitaria puede ocultar”, afirmó.
Martínez señaló que la inflación interanual se colocó en 5.47 % en julio de 2026, superando el límite superior del rango meta establecido por las autoridades monetarias, mientras las tasas activas promedio de la banca múltiple continúan representando una pesada carga para familias y sectores productivos.
Afirmó que esos indicadores deben analizarse junto con las condiciones económicas que enfrentan diariamente los hogares dominicanos.
“No se puede hablar de éxito mientras miles de familias tienen que reducir compras, endeudarse para cubrir necesidades básicas o sacrificar parte de sus ingresos para pagar servicios públicos deficientes”, manifestó.
El titular de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo cuestionó especialmente la situación del sistema eléctrico, al considerar que después de seis años el país continúa soportando apagones, interrupciones prolongadas y una elevada carga fiscal para mantener funcionando un sector que el Gobierno prometió transformar.
Recordó que el Presupuesto General del Estado de 2026 contempla miles de millones de pesos adicionales destinados a obligaciones relacionadas con el subsidio eléctrico.
“Después de seis años, el pueblo sigue pagando dos veces: paga la factura y paga también, mediante sus impuestos, los enormes recursos que el Gobierno destina a sostener un sistema que todavía no ofrece el servicio que los ciudadanos merecen”, declaró.
Martínez sostuvo que la calidad del servicio eléctrico constituye una demostración de que las promesas de transformación del sector no se han traducido en soluciones suficientes para la población.
También citó como símbolo de los incumplimientos gubernamentales el Monorriel de Santiago, cuya terminación había sido anunciada oficialmente para el segundo trimestre de 2024 y que más de dos años después todavía se encontraba en proceso de terminación y pruebas.
“Cuando un presidente fija públicamente una fecha para terminar una obra y esa fecha pasa por más de dos años sin que la obra entre plenamente en funcionamiento, existe un incumplimiento que debe ser explicado. Los anuncios oficiales también generan responsabilidad política”, señaló.
Martínez afirmó que Santiago ha soportado durante años las consecuencias de los trabajos relacionados con el proyecto, incluyendo congestionamientos, alteraciones del tránsito y dificultades para comerciantes, conductores y residentes de las zonas intervenidas.
“Los santiagueros han tenido que soportar durante demasiado tiempo las consecuencias de una obra cuyo cronograma original quedó muy atrás. El Gobierno no puede simplemente cambiar las fechas y actuar como si las promesas anteriores nunca hubieran existido”, agregó.
El dirigente opositor sostuvo que los retrasos en grandes proyectos forman parte de un problema más amplio relacionado con una gestión caracterizada, a su juicio, por anuncios reiterados que posteriormente deben ser modificados o pospuestos.
Martínez cuestionó además que, cuando faltan apenas dos años para concluir el mandato constitucional, el debate gubernamental comience a concentrarse en la construcción del supuesto “legado” presidencial y en la continuidad del PRM en el poder.
“El presidente Abinader no necesita preocuparse por fabricar un legado. Necesita preocuparse por resolver los problemas que durante seis años su Gobierno no ha podido solucionar. El legado lo determinará el pueblo cuando compare lo que se prometió en 2020 con la realidad que encontrará en 2028”, manifestó.
Consideró particularmente preocupante que Luis Abinader ejerza simultáneamente la Presidencia de la República y la dirección del Partido Revolucionario Moderno en momentos en que comienza a intensificarse la lucha interna por la candidatura presidencial oficialista de 2028.
Martínez advirtió que esa doble condición obliga a una vigilancia rigurosa para impedir que las instituciones, empleos, programas sociales, publicidad y demás recursos públicos sean utilizados en beneficio de los intereses electorales del partido gobernante.
“Los bienes del Estado no pertenecen al PRM. Los empleos públicos no pertenecen al PRM. Los programas sociales no pertenecen al PRM. El presupuesto nacional no pertenece al PRM. Todo eso pertenece al pueblo dominicano y debe administrarse exclusivamente en función del interés público”, enfatizó.
Advirtió que desde la oposición se mantendrá una vigilancia permanente sobre el comportamiento del Gobierno durante los dos años finales del período constitucional.
“No permitiremos que bajo el argumento de preservar el poder se confundan los intereses del Estado con los intereses electorales del partido oficial. La Constitución, las leyes y los recursos públicos tienen que estar por encima de cualquier proyecto continuista”, afirmó.
Martínez sostuvo que después de seis años existen suficientes elementos para exigir al Gobierno explicaciones sobre el costo de vida, los servicios públicos, las obras atrasadas, la calidad del gasto y el cumplimiento de sus compromisos.
“Se acabó el tiempo de gobernar prometiendo lo que se hará mañana. Después de seis años, Abinader tiene que responder por lo que hizo, por lo que dejó de hacer y por todo aquello que prometió y todavía sigue pendiente”, concluyó.
