El expediente número 00-4-2024-PRAD-00002 correspondiente a la solicitud de declinatoria por sospecha legitima sometida por Victorino Antonio Hernández, por ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en contra de los jueces del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este se encuentra en un limbo jurídico. A pesar de que la instancia en solicitud de declinatoria data del mes de enero, hasta la fecha la misma no ha sido objeto de conocimiento. No obstante la gravedad de los hechos denunciados, la instancia cursante por ante la Suprema Corte de Justicia ha sido lanzada al zafacón del olvido, situación que coloca dicho proceso en una especie de limbo jurídico, en vista de que actualmente ningún tribunal puede conocer del caso de Victorino Hernández hasta tanto la Suprema Corte de Justicia decida a que departamento judicial enviaría el expediente. La Suprema Corte de Justicia, en ocasión del conocimiento de dicha declinatoria, tiene la facultad de apoderar para la continuación del conocimiento de dicha Litis a uno de los Tribunales Superior de Tierras restante, ya sea el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Nordeste, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, o el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.
El señor Victorino Antonio Hernández fue víctima de un complot típico de una asociación de malhechores integrada por comerciantes y buscones inmobiliarios que en componenda con operadores del sistema le despojaron de su propiedad, la parcela 67-B-4-484, del DC 11/3, del Municipio de Higüey. Así las cosas, mediante la sentencia 2020-00215, de fecha 8 de julio del año 2020, emitida por juez Manuel de Jesús Sánchez Ceballos, misteriosamente dispone: a) vuelve a adjudicarle el inmueble a Diego Calderón Mercado (primer titular), a pesar de que dicho inmueble ya había sido objeto de cinco traspasos, sin que ninguno de los subsiguientes propietarios fuera objeto de demanda, incluyendo el señor Hernández (ultimo titular), y b) reconoce un supuesto acto de venta de 30 de mayo del 2006 (instrumentado en el año 2020), mediante el cual Calderón Mercado “le vende a Inversiones Tropicaribe S.A.S.” el inmueble de marras, propiedad del señor Hernández sin que dicho acto haya sido presentado e inscrito por ante la Dirección General de Impuestos Internos ni por ante el Registrador de Títulos de Higüey.
El juez Manuel de Jesús Sánchez Ceballos es reincidente en estas actuaciones, lo que ha dado lugar a que dicho magistrado haya sido objeto de varias querellas disciplinarias.
Por ante el Consejo del Poder Judicial cursa el expediente 2021-01538, contentivo de Querella Disciplinaria en contra del indicado magistrado. A pesar de que dicha querella data del año 2021, hasta la fecha se desconoce la suerte de la misma. A las actuaciones de dicho magistrado se suman la de la magistrada Keila Elizabeth González Belén y otros jueces del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, situación que motivó a que el señor Victorino Antonio Hernández se viera obligado a apoderar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de una instancia en declinatoria por sospecha legitima en contra de los magistrados del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este.
