Luego de analizar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, un tribunal de Santiago condenó a penas de entre 10, 6 y 5 años de prisión a los cabecillas de una estructura del crimen organizado que se dedicaba a traficar armas de fuego de alta potencia, introducidas de contrabando al país y que tenía como centro de sus operaciones una localidad del municipio Licey al Medio.
Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Félix Francisco Vásquez Peralta, Rosalba María Estrella López y Marcos de Jesús Diplán Diplán incurrieron en asociación de malhechores para traficar, almacenar, distribuir de manera ilegal armas de fuego y otros pertrechos, además de agenciarse recursos económicos fruto de la comercialización de estas armas de contrabando.
Durante el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Aida Medrano Gonell, quien describió ante el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago la modalidad en que operaba la organización criminal y el rol que jugaba cada uno de sus miembros.
El tribunal, integrado por las juezas Ingri Liberato Torres, Deyanira Méndez Cepeda y Kimberly Tatis Soto, condenó a Hornandys Emmanuel Cruz Almonte a cumplir 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres de Santiago.
A Guaba Caraballo lo sentenció a 6 años de prisión a cumplirlos en el CCR La Isleta, del municipio de Moca, en la provincia Espaillat, mientras que a César Emilio Toribio Vásquez lo condenó a estar privado de su libertad durante 6 años, igualmente, en el CCR La Isleta.
También, Félix Francisco Vásquez Peralta deberá cumplir 6 años de prisión en el CCR La Isleta.
Rosalba María Estrella López fue condenada por constituirse junto a los demás en asociación de malhechores para la tenencia, tráfico y acopio ilícito de armas de fuego a 5 años de prisión en estado de suspensión, condicionada a varios factores que, de incumplirse, la llevarían a prisión.
- Contra Diplán Diplán fue condenado a 3 años de prisión suspendida y 25 salarios mínimos del sector público.
Los condenados violentaron las disposiciones de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano que castiga la asociación de malhechores; además de los artículos 66, 67 68, 70, 71 y 73 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que tipifican y sancionan los delitos de tenencia, tráfico, acopio y legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego.
El tribunal condenó a los encartados al pago de multas en favor del Estado dominicano de entre 50 y 75 salarios mínimos del sector público y convocó a las partes a la lectura íntegra del dispositivo, el día 16 de octubre.
- Por el caso también fue procesado y se dictó sentencia absolutoria a Valentín de Jesús Caraballo Guzmán.
Con el aval de autorizaciones judiciales, la Fiscalía de Santiago desplegó una operación interagencial donde, mediante allanamientos, se ocupó de 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock 9 milímetros, 3 revólveres, 2 escopetas, vehículos, equipos electrónicos, así como $700,000.00 en efectivo, en localidades de los municipios de Licey al Medio, en Santiago, y Moca, provincia Espaillat, donde los traficantes operaban sus centros de acopio.
Además, se incautaron de varios tanques con caletas o doble fondo, los cuales eran utilizados para transportar las armas de fuego.
Este operativo, que puso de manifiesto el alcance del contrabando de armas de la organización criminal, se ejecutó luego de más de un año de vigilancia, rastreo y levantamiento de información, acerca de las maniobras que los contrabandistas utilizaban para introducir al territorio dominicano las armas de fuego a través de compañías de envío.
En el curso de la investigación, el Ministerio Público contó con el apoyo de fuerzas especiales de la Policía Nacional como el equipo SWAT, de miembros de la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI), y la cooperación internacional del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Los procesados, la mayoría de los cuales tiene relación de familiaridad utilizaban sus domicilios y los de sus padres como centros de almacén de las armas.
Los traficantes adquirían armas en el mercado estadounidense y luego de enviarlas a Licey al Medio y Moca, desde donde las redistribuían entre otras organizaciones del crimen.
