Un juez federal ordenó a la administración del presidente estadounidense Donald Trump que suspenda temporalmente el congelamiento de fondos que paralizó la ayuda humanitaria y el trabajo de desarrollo de Estados Unidos en todo el mundo, y estableció un plazo de cinco días para que el gobierno demuestre que está cumpliendo con la orden.
En la decisión del juez, emitida la tarde del jueves, se menciona la devastación financiera que el corte casi inmediato de los pagos ha causado a proveedores y organizaciones sin fines de lucro que proporcionan gran parte de la ayuda de Estados Unidos en el extranjero.
Esta es la primera resolución que objeta el congelamiento de fondos de la administración republicana. Se produce en medio de un creciente número de demandas por parte de grupos de empleados del gobierno, organizaciones de ayuda y proveedores gubernamentales que han pedido a los tribunales que reviertan el acelerado desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y de la asistencia exterior de Estados Unidos en general.
Trump y su asistente, Elon Musk, afirman que la agencia de ayuda, con seis décadas de antigüedad, así como gran parte de la asistencia exterior en general, están en discordancia con la agenda del presidente republicano.
Los funcionarios del gobierno «no han dado ninguna explicación de por qué una suspensión general de toda la ayuda exterior asignada por el Congreso, que provocó una onda de choque y alteró» contratos con miles de grupos sin fines de lucro, empresas y otras entidades, «fue un precursor racional para revisar los programas», dijo el juez Amir H. Ali en su fallo.
Contratistas, agricultores y proveedores de Estados Unidos y de todo el mundo afirman que el congelamiento de fondos del gobierno de Trump les dejó sin cientos de millones de dólares en pagos por trabajos ya realizados, les obligó a despedir personal y ha puesto rápidamente a muchos de esos organismos cerca del colapso financiero.
Agricultores y otros proveedores y contratistas dicen que hay fortunas en ayuda alimentaria no entregada pudriéndose en puertos, y que otros tipos de ayuda no distribuida están en riesgo de ser robados.
El juez ordenó al gobierno que notificara la suspensión temporal a cada organización que tuviera un contrato de ayuda exterior existente con el gobierno federal. Estableció el martes como plazo para que la administración demostrara que lo había hecho y que cumplía con la orden.
Hasta el momento, el gobierno de Trump no ha dado una respuesta pública.
El juez emitió la orden temporal en Estados Unidos tras una demanda presentada por dos organizaciones, la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA y el Consejo de Salud Global, que representan a organizaciones de salud que reciben fondos de Estados Unidos para labores en el extranjero.
En su fallo, el juez señaló que el gobierno de Trump argumentó que tenía que cancelar el financiamiento de los miles de programas de ayuda de Usaid en el extranjero para llevar a cabo una revisión exhaustiva de cada uno de ellos y determinar si debían ser eliminados o no.
Sin embargo, los abogados del gobierno no lograron demostrar que tenían un «motivo racional para ignorar… a las innumerables pequeñas y grandes empresas que tendrían que cancelar programas o cerrar sus negocios», agregó el juez.
La decisión también prohíbe que el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios gubernamentales hagan cumplir órdenes de suspensión de trabajo que el gobierno de Trump y Musk han enviado a las empresas y organizaciones que ejecutan órdenes de ayuda exterior.
El juez también rechazó el argumento del gobierno de Trump de amortiguar el impacto del congelamiento de fondos mediante exenciones que permiten el suministro de fondos a algunos socios de ayuda. El juez mencionó testimonios de que aún no existía un sistema de exenciones y que el sistema de pagos en línea de Usaid ya no funciona.
También el jueves, en un fallo referente a otra demanda, un juez dijo que su bloqueo temporal a una orden del gobierno de Trump, según la cual se despediría a todos los empleados de Usaid en todo el mundo, excepto una fracción, se mantendría al menos otra semana.
El juez federal de distrito, Carl Nichols, cuestionó directamente al gobierno sobre cómo podría mantener seguros a los empleados de ayuda en el extranjero durante su licencia, a pesar del desmantelamiento de Usaid por parte de la administración. Cuando un abogado del Departamento de Justicia no pudo proporcionar planes detallados, el juez le pidió que presentara documentos judiciales después de la audiencia.
Los empleados de Usaid que hasta hace poco trabajaban en la República Democrática del Congo presentaron declaraciones juradas para la demanda donde describen cómo la agencia de ayuda prácticamente los abandonó cuando el saqueo y la violencia política estallaron en la capital de ese país el mes pasado, dejando que evacuaran con sus familias por sus propios medios.
