El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, aseguró este viernes que la muerte de las cinco personas en una plaza del sector La Barranquita, en Santiago, a manos de 11 policías de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM), el pasado 10 de septiembre, se “trató de una ejecución extrajudicial”.
“Las pruebas que ha recabado el Ministerio Público hasta el momento indican que la muerte de estas cinco personas en La Barranquita se trató de una ejecución extrajudicial”, indicó Camacho.
Aseguró que los imputados sustrajeron los videos de la escena y teléfonos, y han generado otras maniobras con el fin de obstruir la investigación y de “ocultar la verdad”.
Además, dijo que el Ministerio Público llevará la investigación “hasta las últimas consecuencias” debido a que “no vamos a permitir que hechos de esta naturaleza queden impunes y vamos a procurar justicia tanto para las víctimas como para los familiares”.
Aplazamiento de la medida
El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, aplazó para el próximo jueves 9 de octubre, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los 11 policías.
La audiencia fue aplazada a solicitud de la defensa, para poder analizar el expediente y conseguir los arraigos que establezcan que sus defendidos no huirán del proceso. Asimismo, con el fin de que las víctimas indirectas del caso estén presentes en el próximo acto procesal.
La defensa de los policías aseguró que hay muchas cosas que el Ministerio Público no podrá probar, empezando con establecer la asociación de malhechores.
“¿Es decir que la autoridad cuando sale a trabajar se constituye en asociación de malhechores?”, indicó el abogado Ambiorix Arnould, al tiempo de establecer que hay que no, individualizar y establecer una formulación precisa de los cargos.
Asimismo, establecieron que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha permitido a los imputados interactuar con sus abogados.
Los imputados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Los informes de Autopsia Judicial Definitiva, emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el 25 de septiembre de 2025, confirmaron que la causa de muerte de las cinco víctimas —Edward Bernardo Peña Rodríguez, José Vladimir Valerio Estévez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Elvis Antonio Jiménez Rodríguez y Julio Alberto Gómez— fue por heridas de proyectil de arma de fuego.
Los documentos médicos-legales establecieron la etiología como homicida, señalando que el mecanismo de muerte fue por shock hemorrágico y que la forma de producirse fue rápida. Además, se indica que se recuperaron proyectiles en las autopsias realizadas a Carlos Enrique Guzmán Navarro, Julio Alberto Gómez y Edward Bernardo Peña Rodríguez.
El Ministerio Público ha enmarcado la conducta de los imputados con los tipos penales de asociación de malhechores y homicidio voluntario, tal como se describen en los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
La audiencia fue realizada en el Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, espacio que fungió como el Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanentes debido a la multiplicidad de imputados.
Antes y durante la audiencia, toda el área fue acordonada y resguardada por agentes del SWAT y Lince de la policía nacional.
