Apreciado Juan Bonilla, he leído su artículo y su opinión, cómo siempre lo hago, Pero deseo explicarte mi opinión.
Respetamos su opinión como periodista y su llamado a la prudencia. Sin embargo, no podemos compartir su calificación de «insensatez» o «imprudencia» hacia las recientes jornadas de huelga en el Cibao.
Precisamente es la imprudencia del gobierno, su irracionalidad en la gestión y su falta de sensatez ante las necesidades de la población lo que nos ha llevado a esta situación. Usted mismo lo admite: «Hay pequeñas obras y soluciones comunitarias que han sido prometidas en cuatro y cinco ocasiones» y que «autoridades del gobierno han hecho diversos compromisos con dirigentes populares» para luego incumplirlos reiteradamente.
No se trata de un capricho o de una falta de entendimiento de los «momentos difíciles que atraviesa el país». Al contrario, precisamente porque el país atraviesa momentos difíciles, se hace más urgente que el gobierno cumpla con sus obligaciones y deje de ignorar los reclamos del pueblo. ¿Puede haber mayor insensatez que prometer y no cumplir, generando desesperanza y frustración? ¿Es prudente vivir con tarifas eléctricas abusivas, precios de combustibles por las nubes, medicinas inalcanzables y hospitales precarios?
La verdadera imprudencia reside en la inacción gubernamental y en la corrupción que desvía los recursos que deberían destinarse a soluciones. La tranquilidad social que usted invoca no puede construirse sobre la base de la injusticia y el incumplimiento. La paz social genuina nace de la justicia y de la respuesta efectiva a las demandas legítimas de la gente.
Las huelgas no son el objetivo, sino la última herramienta pacífica de un pueblo agotado de promesas vacías. Cuando el diálogo se agota y los compromisos se convierten en papel mojado, la movilización cívica se vuelve una necesidad imperiosa para que la voz de los olvidados sea escuchada.
Quizás el llamado a la «prudencia, sensatez y tranquilidad social» debería dirigirse a quienes tienen el poder de resolver estas problemáticas y, sistemáticamente, no lo hacen. Los «grupos populares» ya hemos demostrado nuestra paciencia; ahora, es tiempo de que los responsables actúen.
La lucha por la dignidad y por el cumplimiento de los derechos básicos nunca será una imprudencia; es un acto de justicia.
Atentamente,
Osvaldo Brito
