Este artículo fue publicado por este prestigioso periódico hace algo más de un año, pero por coincidir con la aprobación y promulgación de una nueva versión del mismo, he querido publicarlo de nuevo, aunque con algunas actualizaciones.
A las pocas semanas de que el profesor Juan Bosch y Gaviño fuera juramentado como presidente constitucional de la República, el 27 de febrero de 1963, luego de ganar la presidencia con casi el 60 % de los votos emitidos en las primeras elecciones libres y democráticas celebradas en el país, el 20 de diciembre de 1962, ya decapitada la tirania de Trujillo, mostró un gran interés para que la República Dominicana tuviera un nuevo Código Penal, en razón de que el existente en esa épica, respondía al Código Napoleónico, con casi doscientos años, el cual j representaba una retranca y un gran obstáculo para el crecimiento y el desarrollo institucional, político, económico y social que él procuraba para nuestro país.
En tal sentido, envió una comunicación al presidente del Senado, Dr. Juan Casanova Garrido, copia de la misma se encuentra en el Archivo General de la Nación (AGN), en la que solicitaba que sometiera con carácter de urgencia un proyecto de ley para la aprobación de un nuevo Código Penal.
Estas informaciones se encuentran en los discursos del Presidente Bosch desde el Palacio Nacional, recopilados por el laureado cineasta, escritor, investigador e historiador dominicano, René Fortunato.
De esta importante iniciativa del ex Presidente Bosch ya han transcurrido sesenta y tres años. Desgraciadamente este importante proyecto de nación, conjuntamente con otras iniciativas, no pudieron ser sometidas ni aprobadas, pues al igual que la Constitución del 63, con la que estaba gobernando, reconocida como la más avanzada, la más liberal y progresista; la de mayor justicia social y de la que fue su principal protagonista, no convenían a los intereses de los sectores cavernarios de la época en la que tocó gobernar.
Ambos proyectos fueron abortados, satanizados y borrados con el Golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, gestado y patrocinado por la cúpula militar de la época, la oligarquía empresarial, la jerarquía eclesiástica de la iglesia católica, la Unión Cívica Nacional y otros partidos de la oposición, bajo las órdenes de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.
Si dicho Código hubiese sido aprobado y puesto en ejecución desde esa epoca, este país fuera diferente; habria alcanzado un alto nivel de desarrollo económico, político, social e institucional, pues se habría perseguido y castigado el crimen, la corrupción pública y privada, el enriquecimiento ilícito, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, así como otra serie de males, pues, en otras palabras, se hubiese aplicado un régimen de consecuencia a los violadores de las leyes.
Además, los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el poder municipal, serían cada vez más fuertes y funcionales; se hubiese aplicado correctamente el presupuesto nacional en las obras públicas prioritarias y en los servicios básicos, como: educación, salud, energía eléctrica, agua potable, transporte, seguridad social y ciudadana, entre otros.
Después de más de veinte años, corriendo de un lado para otro en ambas cámaras legislativas, ahora se ha querido festinar, cualquierizar y salcochar a la carrera y al vapor, la aprobación de un nuevo Código Penal, correspondiendo a los intereses de los sectores de poder, de los que se benefician del crimen y del saqueo de los recursos públicos, estando conscientes de que este no es el código deseado y el que requiere la nación, cuya aprobación ha sido pura y simplemente para cumplir con los poderes fácticos del sistema político actual.
Los legisladores reconocen que muy pronto habrá que someter otro proyecto de ley para su modificación, bajo el argumento que siempre se ha enarbolado, de que se aprueba “la ley posible, no la deseada”, a pesar de que no fueron escuchadas ni tomadas en consideración las más de doscientas propuestas de los diferentes sectores políticos, económicos y sociales del país.
Lamentablemente, los intereses, los antivalores y los sectores de poder, han permeado al Congreso Nacional. Estos sectores son prácticamente casi los mismos de los que se opusieron y torpedearon al gobierno del Presidente Bosch para derrocarlo e impedir que se aplicara la Constitución del 63 y que se aprobara un nuevo Código Penal.
Con la aplicación del código propuesto por el Presidente Bosch, se habria logrado una sociedad más justa, educada, desarrollada y humana, pues se habría contado con un verdadero Ministerio Publico, que administrara justicia, tal como ocurrió en Costa Rica, con José Figueres y con otros mandatarios de la época, pues Bosch, dada su reconocida honestidad, transparencia y reciedumbre frente la corrupción, no hubiese permitido ni admitído la impunidad y la permisividad imperantes, por lo que de seguro hubiese gestionando la aplicación de un régimen de consecuencia.
Esos funestos acontecimientos le ocasionaron al país un retroceso de más de cincuenta años, en lo económico, en lo político, social e institucional. iQué pena, dominicanas y dominicanos!
El autor es Contador Público Autorizado
Máster en Relaciones Internacionales
Ex diputado al Congreso Nacional
Ex miembro de la Cámara de Cuentas de la República, 2010-2016.
