La expulsión de nueve miembros de la misión diplomática cubana tensa las relaciones entre los dos países caribeños y deja abierta una incógnita sobre la reacción del régimen de La Habana, en momentos en que Cuba enfrenta un creciente aislamiento regional y una de las peores crisis económicas de su historia reciente.
República Dominicana anunció el paso inusual de solicitar formalmente a Cuba el retiro de nueve integrantes de su representación en Santo Domingo y de sus familiares, a quienes concedió un plazo de siete días para abandonar el país. La magnitud de la medida resulta particularmente significativa porque afecta de una sola vez a una parte considerable de la misión cubana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) no identificó a los funcionarios afectados ni explicó qué motivó la medida. Informó que actuó conforme al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y aseguró que continuará manejando el asunto con discreción y por los canales establecidos, con el propósito de preservar las relaciones entre ambos países.
La Convención de Viena concede amplias facultades al Estado receptor. Su artículo 9 establece que un país puede, en cualquier momento y sin estar obligado a explicar su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe de una misión o cualquiera de sus miembros diplomáticos es persona non grata, o que otro integrante de la representación no resulta aceptable. El país de origen debe entonces retirarlo o poner término a sus funciones.
Santo Domingo, sin embargo, evitó utilizar la expresión persona non grata. Optó por solicitar el «retiro» de los nueve funcionarios, una fórmula menos confrontacional que permite reducir considerablemente la representación cubana sin romper relaciones diplomáticas.
Aunque el Gobierno no ha explicado las razones y no corresponde atribuir ninguna conducta a los funcionarios afectados, las expulsiones o solicitudes de retiro de diplomáticos suelen producirse por tres grandes motivos: conducta personal inapropiada, injerencia en los asuntos internos del país receptor y actividades de espionaje o inteligencia.
La propia Convención de Viena establece en su artículo 41 que los diplomáticos deben respetar las leyes del país donde están acreditados y tienen el deber de no intervenir en sus asuntos internos. Cuando existen sospechas de espionaje, los gobiernos suelen recurrir a una expresión deliberadamente amplia: «actividades incompatibles con el estatus diplomático», evitando divulgar información sensible o revelar los elementos de inteligencia que sustentan la decisión.
También pueden producirse expulsiones como represalia diplomática, cuando un gobierno responde al retiro de sus propios funcionarios en otro país.
Ecuador abrió otro frente
La decisión dominicana tiene un precedente regional reciente. En marzo pasado, Ecuador declaró persona non grata al embajador cubano Basilio Antonio Gutiérrez García y dispuso la salida de los integrantes diplomáticos, consulares y administrativos de la representación cubana. La Habana respondió cerrando su embajada en Quito y calificó la decisión de hostil.
Posteriormente, Costa Rica dispuso el cierre de la embajada cubana y la salida de su personal diplomático, aunque mantuvo determinados servicios consulares. Las decisiones contribuyeron a reducir todavía más el espacio diplomático de Cuba en América Latina.
