La premura en el Congreso Nacional por aprobar en menos de un mes y a la carrera una modificación a la Ley de Aviación Civil no surgió únicamente por tratarse de una propuesta proveniente del gobierno, sino porque la República Dominicana estaba obligada a reformar la normativa para no bajar de categoría internacional en materia de vuelos.
En abril, una comisión de la Federación de Aviación Civil de los Estados Unidos visitó la República Dominicana para inspeccionar los vuelos que salen del territorio nacional hacia la zona norteamericana y, tras la revisión, el equipo dio un plazo de 45 días para que las autoridades dominicanas modificaran la Ley de Aviación Civil, ajustándola a un nuevo estándar y regímenes de consecuencias más fuertes.
Así lo confirmó el diputado Napoleón López, quien presidió el equipo especial de legisladores que estudió las modificaciones, y así consta en el informe favorable que realizó dicha comisión de congresistas al concluir el análisis de la pieza.
«En septiembre del 2023 vino una comisión de la Federación de Aviación Administrativa (FAA), que es la Federación de Aviación Civil de los Estados Unidos. Esa federación, como es natural, tiene por objeto perseguir que las aeronaves que ingresen a territorio norteamericano tengan un nivel de seguridad y que los pilotos tengan la formación precisa para evitar cualquier riesgo con el pasajero», reza el informe que aprobaron los diputados.
Auditoría
El informe señala que la Federación de los Estados Unidos hizo una serie de precisiones al Estado dominicano y volvió al país en abril para realizar una auditoría técnica.
«En abril, después de revisar, la FAA dio 45 días a la República Dominicana para que ajuste su Ley de Aviación Civil y advirtió que el país corría el riesgo de bajar su categoría si no modernizaba la normativa», expone textualmente el informe.
De acuerdo con el diputado López, en caso de que no se acogieran las recomendaciones de la FAA, el país bajaría a la categoría dos en nivel de vuelo y Estados Unidos pondría más restricciones a los viajes despegados desde el territorio nacional, lo que afectaría al país en materia económica y turística.
Bajo estas condiciones, el Poder Ejecutivo declaró de urgencia la modificación a la ley y, en consecuencia, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron con rapidez el proyecto, quedando convertido en ley en sólo un mes.
¿Qué pidió EE. UU.?
El informe que firmaron los diputados establece que la Ley de Aviación Civil promulgada en el 2006 tiene sanciones contra las aerolíneas, pero todas son «muy genéricas», disueltas y necesitan reformarse.
En ese sentido, el nuevo régimen de consecuencias plasmado en la modificación en la ley aumenta el costo de las multas por delitos, incluye nuevas modalidades de aviación, como los drones, y penaliza no sólo a aerolíneas, sino a pilotos, operadores de las aeronaves y ejecutivos que violen la normativa.
