A dos días del cierre oficial del actual ciclo legislativo y tras la última sesión del Senado de la República celebrada este sábado, el Poder Legislativo concluye una nueva legislatura con importantes reformas aún pendientes y otras que lograron convertirse en ley tras intensos debates, diferencias y procesos legislativos acelerados.
A partir del 27 de febrero, el Congreso Nacional deberá entrar en una dinámica más ágil de trabajo legislativo, ya que, antes de agosto de 2028, debe aprobar decenas de leyes que exige la Constitución dominicana, a raíz de su modificación en 2024.
Pese a que la reforma al Código de Trabajo fue priorizada en la agenda congresual, los legisladores no alcanzaron el consenso necesario para aprobar la nueva ley.
El pasado viernes, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, confirmó que el proyecto será retomado en la próxima legislatura y aseguró que será una prioridad en 2026, considerando que en esa cámara fue donde la iniciativa encontró mayores obstáculos.
Leyes aprobadas
Aunque el Congreso Nacional no logró finalizar la reforma laboral, se aprobaron varias leyes relevantes durante este período legislativo. Entre ellas, destaca la reforma al Código Procesal Penal, contenida en la Ley 97-25.
Esta legislación fue aprobada con celeridad a finales del año pasado para dar cumplimiento a la sentencia TC/0765/24 del Tribunal Constitucional, que ordenaba su reformulación y promulgación antes de diciembre de 2025.
Después de más de un año de retrasos, vencimientos de plazos y debates, también fue aprobada la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual ahora espera su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
Otra pieza clave que se convirtió en ley fue el Presupuesto General del Estado para 2026 (Ley 86-25), que contempla una estimación de gasto de 1 billón 622,833.4 millones de pesos.
Leyes pendientes
En esta legislatura quedaron en espera iniciativas como el proyecto de candidaturas independientes, la reforma policial, la ley que propone la fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior, así como las leyes sobre libertad de expresión y medios audiovisuales, alimentación escolar, inteligencia artificial, jurisdicción contencioso-administrativa, la modificación de la Ley 5-13 sobre discapacidad, el Tribunal Constitucional, ciberseguridad y la Alerta Amber.
La octava disposición transitoria de la Constitución de 2024 establece que varias leyes complementarias deben ser elaboradas y aprobadas en un plazo máximo de siete legislaturas.
Entre las normas que la Carta Magna ordena aprobar y que no han avanzado en las últimas tres legislaturas ordinarias, se encuentran:
- Ley sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social (artículos 203, 210 y 272).
- Ley de acceso a la propiedad inmobiliaria titulada (artículo 51, numeral 2).
- Ley de antidiscriminación y promoción de la igualdad entre las personas (artículo 39, numerales 3, 4 y 5).
También se requiere la actualización de otras normativas como el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Comercio, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Agua, entre otras.
