Santiago.– El ingeniero Félix Tavárez afirmó que la crisis que atraviesa el sistema eléctrico dominicano no puede seguir siendo presentada por el Gobierno como una dificultad heredada, debido a que, después de seis años de administración del Partido Revolucionario Moderno, los principales indicadores de las empresas distribuidoras muestran un marcado deterioro.
Tavárez habló en su condición de vicesecretario de la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo, miembro de la Dirección Central y de la Dirección Municipal de Santiago, así como desde la experiencia acumulada como exadministrador general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, EDENORTE.
El dirigente político sostuvo que los apagones, las quejas por facturas excesivas y el crecimiento de las pérdidas operativas revelan que el Gobierno carece de una política consistente para administrar las distribuidoras, modernizar las redes y garantizar un servicio estable a los hogares, comercios e industrias.
Sus declaraciones se producen en momentos en que informes del propio sector indican que las pérdidas de las tres empresas distribuidoras rondaban el 39 % a mayo de 2026, mientras EDENORTE registraba alrededor de un 26.1 %. Esto significa que una parte considerable de la energía comprada por el Estado no es facturada o no llega a cobrarse.
Déficit casi se triplicó
Tavárez advirtió que el deterioro financiero de las distribuidoras contradice el discurso gubernamental de eficiencia y modernización.
De acuerdo con el documento presentado por la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo, el déficit de las EDE pasó de aproximadamente US$578 millones en 2020 a US$1,659 millones en 2025, una cifra cercana al triple en apenas cinco años.
La organización opositora calcula, además, que entre agosto de 2020 y mayo de 2026 el Estado transfirió cerca de US$8,450 millones, equivalentes a unos RD$500,000 millones, para cubrir los déficits y las ineficiencias de las distribuidoras.
Para Tavárez, esos resultados demuestran que el problema eléctrico dejó de ser únicamente técnico y se convirtió en una expresión del fracaso administrativo del Gobierno.
Indicó que mientras las familias soportan interrupciones prolongadas, fluctuaciones del voltaje y aumentos difíciles de explicar en sus facturas, el Estado destina cada vez más recursos públicos a mantener operando un modelo que no reduce las pérdidas ni mejora de manera perceptible la calidad del servicio.
El pueblo paga la ineficiencia
El exadministrador de EDENORTE cuestionó que se pretenda trasladar nuevamente el costo de la crisis a los consumidores mediante eventuales reajustes tarifarios, sin que antes el Gobierno explique por qué aumentaron las pérdidas, el déficit y las transferencias presupuestarias.
Solo durante el primer semestre de 2026 las distribuidoras consumieron RD$68,744 millones, equivalentes al 74.3 % de los recursos presupuestados para todo el año como subsidio eléctrico. De mantenerse esa tendencia, el gasto podría superar los RD$137,000 millones al finalizar el período.
Tavárez consideró injustificable que los ciudadanos sean obligados a pagar facturas más elevadas mientras reciben un servicio caracterizado por interrupciones y deficiencias. Señaló que cualquier variación considerable en la facturación debe estar sustentada en mediciones verificables y debe poder ser reclamada mediante mecanismos que protejan realmente al usuario.
La Fuerza del Pueblo ha advertido que numerosos consumidores sienten que sus reclamaciones ante las distribuidoras y posteriormente ante la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, PROTECOM, no reciben respuestas satisfactorias.
Seis años eliminan cualquier excusa
El dirigente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que seis años representan tiempo suficiente para establecer metas, ejecutar inversiones, modernizar las redes, profesionalizar las distribuidoras y reducir las pérdidas.
Afirmó que el Gobierno no puede continuar sustituyendo funcionarios, anunciando planes y ofreciendo explicaciones mientras el ciudadano sigue padeciendo apagones y observando cómo aumenta su factura.
Tavárez reclamó una revisión profunda de la gestión de las EDE, la ejecución transparente de inversiones, el fortalecimiento de las redes de distribución, la reducción comprobable de las pérdidas y la evaluación de los administradores conforme a resultados concretos.
Sostuvo que el país no necesita más campañas publicitarias para presentar como avances lo que la población no siente en sus hogares y negocios. Necesita electricidad estable, facturación confiable, autoridades que respondan por sus decisiones y una administración que deje de convertir la ineficiencia en una carga permanente para el presupuesto nacional.
El vicesecretario de Energía concluyó que el deterioro del sistema eléctrico constituye una de las demostraciones más evidentes de la incapacidad administrativa del Gobierno del PRM, porque mientras aumentan el déficit, las pérdidas y los subsidios, la población continúa pagando más por un servicio que no mejora.
