Seis años después de un suceso que conmocionó a la comunidad dominicana residente en Florida, la jueza administrativa adjunta de la Corte Criminal de Florida, Marisa Tinkler Méndez, fijó para el lunes 30 de marzo de 2026 el inicio del juicio contra Patricia Ripley, acusada de asesinar a su hijo autista, luego de que un video de seguridad la captara lanzándolo con vida a un lago cercano a su residencia.
La acusada, de origen dominicano y detenida en mayo de 2020, se enfrenta a la pena de muerte, en un estado que figura entre los que registran mayores tasas de ejecuciones en Estados Unidos. Desde que Florida reanudó la pena capital en 1979, solo 30 personas han sido exoneradas del corredor de la muerte.
Según una orden judicial administrativa publicada en el docket del caso, el juicio no será modificado de fecha. Ripley enfrenta cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato por la muerte de su hijo Alejandro, de 9 años, quien tenía autismo y no podía comunicarse verbalmente.
«Queda ESPECIALMENTE FIJADO PARA JUICIO, comenzando la semana del LUNES 30 DE MARZO DE 2026. La selección del jurado tomará aproximadamente dos (2) semanas. Las declaraciones de apertura comenzarán el LUNES 13 DE ABRIL DE 2026″, detalla el documento judicial.
La Fiscalía fijó para el 13 de febrero de 2026 la fecha límite para la divulgación de la lista de testigos que presentará durante el juicio.
Declarada económicamente indigente
Tras su arresto en mayo de 2020, el juez a cargo del caso ordenó que el pago de los honorarios de sus abogados, estimados en 300,000 dólares, sea cubierto con fondos de los contribuyentes del estado de Florida, decisión que generó rechazo entre residentes del condado Miami-Dade.
En su resolución, el magistrado sostuvo que Ripley fue declarada indigente económicamente, luego de investigaciones financieras que determinaron que no cuenta con recursos para cubrir esa suma.
La decisión fue cuestionada por diversos grupos, que alegaron que la acusada es propietaria de una vivienda en Florida y que tendría otras propiedades en la República Dominicana. No obstante, organizaciones contrarias a la pena de muerte que respaldan a Ripley afirmaron que estudios financieros realizados por expertos independientes concluyeron que la acusada se encuentra en condición de indigencia.
