El señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona, en sus discursos de campaña prometió que en un gobierno
suyo, en el país no iba a quedar un solo inmigrante indocumentado haitiano, porque iba a aplicar con rigor la ley de Migración, la cual no se estaba aplicando.
Durante la gestion pasada y en la actual, se han realizado operativos a través de la Dirección General de Migración (DGM) para la deportación de indocumentados haitianos. Sin embargo, hay lugares que parecen protegidos e intocables para dicha dirección.
¿Cómo es posible que el actual Director de dicha institución, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester no tuviera conocimientos de la gran cantidad de indocumentados que habitaban los lugares denominados «Hoyo de Friusa y Mata Mosquitos», para realizar un operativo de deportación?
Hubo que realizar una marcha y una protesta popular en contra de lo que allí estaba ocurriendo para que se actuara en consecuencia. Las mismas fueron impedidas de llegar hasta ese último lugar con bombas lacrimógenas, lo que demuestra que ahí se estaban ocultando y protegiendo acciones delincuenciales.
El gobierno se puso como meta la deportación de unos 10 mil indocumentados semanales, lo que resulta casi impisible, pues el Estado no cuenta con la suficiente logística para estos fines.
A los que realmente se lograban deportar del país, por un lado salían y por el otro ingresaban como perro por su casa, fruto de la corrupción imperante en los diferentes puntos fronterizos, a pesar de la tan cacareada parafernalia de los miles de soldados colocados en la frontera, de la utilización de armamentos sofisticados, equipos tecnológicos, drones, aviones, helicópteros, carros y camiones blindados, tanques y los puntos de chequeos, anunciada por el gobierno.
Recientemente, en una de las últimas ruedas de prensa semanales, el Presidente Abinader anunció unas 15 medidas para frenar la inmigración ilegal de haitianos, algunas de las cuales se han venido aplicando desde hace un tiempo, sin ningún resultado positivo.
Entre esas medidas, se citan: el aumento de 1,500 soldados en la frontera, la construcción de 13 kilómetros más del muro fronterizo; el cobro a las parturientas haitianas en las diferentes maternidades, la exigencia de los documentos de identificación y su domicilio; el control y el sometimiento a la justicia de los propietarios de viviendas rentadas a nacionales haitianos indocunentados.
Las mismas se prestan para actos de corrupción y para operaciones dolosas. Los ayuntamientos están obligados a colaborar con su cumplimiento y control, a través de la realizacion de un censo poblacional.
También está lo de la dominicanización del trabajo. Sobre esta medida, el Presidente Abinader propone un aumento salarial de 25 % en las zonas francas y un 30 % en turismo a los trabajadores. Algunas de esas medidas, en la práctica han sido rechazadas hasta por algunos de sus ministros. El propio ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz expresó hace unos meses que sin la mano de obra haitiana no habrá agricultura en el país.
En estos monentos, las diferentes labores: agrícolas, de construcción, domésticas y últimamente, las hoteleras, están siendo realizadas por la mano de obra haitiana indocumentada. La muestra de ello es la gran cantidad de nacionales haitianos indocumentados que deambulan por las calles de las provincias y municipios del país.
Lamentablemente, la propia Policía Nacional está contribuyendo con la inmigración ilegal de haitianos, pues muchos de sus miembros apresan a los indocumentados, sin corresponderles esta labor, para exigirles luego una suma de dinero para ponerlos en libertad.
Señor Presidente. La verdadera dominicanización del trabajo solo se logrará si se aplica el Artículo 135 del Código Laboral, que exige la aplicación del 80-20 , es decir, que por cada 100 trabajadores en una empresa, 80 por lo menos, deben ser domimicanos y el fmrestante 20, extranjeros. De lo contrario sería hacer más de lo mismo.
El autor es Contador Público Autorizado
Máster en Relaciones Internacionales
Ex diputado al Congreso Nacional y
Miembro de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016.
