En un encuentro llevado a cabo en las oficinas del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de ese partido presentó sus propuestas de iniciativas legislativas para el Programa de Gobierno 2024 – 2028.
Una comisión de Vicesecretarios del órgano que agrupa a los profesionales del Derecho de la organización que lidera el doctor Leonel Fernández, integrada por Juan Rivera, Librado Peña, Teófilo Regús y Ramón Vargas discutió con representantes de esa entidad de la sociedad civil posibles iniciativas legislativas en los ámbitos de seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y el servicio público de justicia.
Entre los diversos proyectos de ley que serían impulsados por un Gobierno de Fuerza del Pueblo (FP), a partir de agosto del 2024, se encuentran una reforma a la Ley 176-07 para ampliar las competencias de los Gobiernos Municipales en el ámbito de la Seguridad Ciudadana, la introducción de cambios en la Ley Orgánica de la Policía Nacional para modernizar ese cuerpo del orden, la aprobación de una ley para establecer un Sistema Nacional de Videovigilancia en Espacios Públicos, la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas de la Criminalidad, la promulgación de una Ley contra el Crimen Organizado, la creación de un Instituto Nacional de Política Criminal y la adopción de un Código Nacional de Convivencia.
Asimismo, para robustecer las capacidades del Estado en lo que tiene que ver con la prevención y castigo penal de los casos de corrupción administrativa, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Fuerza del Pueblo ha propuesto conocer y aprobar una Ley de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que contemplaría la creación de un Registro Nacional de Veedores, el diseño de un mecanismo de verificación automática de la veracidad de las declaraciones juradas de bienes, la prohibición a los suplidores del Estado de participar en la financiación de la política, la penalización del tráfico de influencias y las formas más descaradas de nepotismo, entre otras innovaciones normativas que servirán para reducir la incidencia del fenómeno de la corrupción en nuestro país.
De igual manera, los abogados de Fuerza del Pueblo plantean que una nueva administración dirigida por el doctor Leonel Fernández promueva legislación que permita establecer un sistema de consecuencias para los casos de violación a decisiones del Tribunal Constitucional, así como reformas que permitan evolucionar hacia un servicio público de justicia más ágil y eficiente.
La entidad cívica estuvo representada por Lizzie Sánchez, Coordinadora Nacional de Participación Ciudadana, y por Fátima Lorenzo, Directora Ejecutiva.
