San Diego (EEUU). –El juez federal que ve el caso de la reunificación de familias inmigrantes detenidas en la frontera con México calificó hoy de «inaceptable» que el Gobierno de EE.UU. solo haya logrado contactar a una docena de padres deportados o liberados sin sus hijos.
En una audiencia celebrada en San Diego, el magistrado Dana Sabraw, que ve la demanda colectiva que interpuso la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) por la separación de familias indocumentadas, pidió que el Gobierno designe a un «supervisor» y que explique cómo va a ubicar a los padres deportados o liberados de más de 500 menores bajo su custodia.
«Por cada padre que no sea localizado un niño quedará permanentemente huérfano y eso es 100 % responsabilidad de la Administración», aseveró el juez federal durante una vista judicial en la que los abogados de ambas partes participaron vía telefónica.
Sabraw refirió que es obligación del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, reunificar a todas las familias que separó en la frontera, aunque pidió que ACLU colabore con sus recursos para agilizar este proceso.
Para ello, sugirió que esta organización de derechos civiles designe un comité para ayudar en la localización de los 410 padres que ya no se encuentran en el país, a lo que los abogados replicaron que ya cuentan con un equipo de trabajo que lo hace en colaboración con asociaciones civiles y consulados de países de Centroamérica.
ACLU estima que el 95 % de los padres deportados se encuentran en Honduras y Guatemala.
Los abogados de esta organización insistieron en el pedido de que el Gobierno entregue información más detallada sobre estos progenitores para así poder dar con el paradero de más padres, a lo que el juez pidió que ésta se presente a más tardar el próximo viernes.
«Cada día que el Gobierno se guarda esta información es un día más de sufrimiento para estas familias», aseveró el abogado de ACLU Lee Gelernt, en declaraciones posteriores a la audiencia.
Mediante un escrito presentado en la corte el jueves, los abogados del Departamento de Justicia señalaron que «12 o 13» padres ya habrían confirmado su deseo de ser reunidos con sus hijos.
Aunque en la audiencia de hoy el abogado del Gobierno Scott Stewart insinuó, sin dar datos precisos, que el número es «más alto que eso».
Stewart adelantó que buscarán a una o más personas para encargarse del plan de reunificación y «asegurar que los recursos sean utilizados de la forma más adecuada».
Sabraw, que nuevamente pidió una actualización para el jueves próximo y a una audiencia un día después, adelantó que una vez que el Gobierno detalle esta información se establecerá también un plazo para reunir a estas familias.
Tras la audiencia de hoy, Gelernt destacó la firmeza mostrada hoy por el magistrado y subrayó que se rehúse «a permitir que el Gobierno se deslinde por este desorden que creó».
Algunos activistas que asistieron a la audiencia hoy, como Benjamín Prado, coordinador del programa fronterizo del Comité de Amigos Americanos en San Diego, aplaudieron también que Sabraw pida informes semanales y mantenga la presión, en vista de que «el Gobierno no quiere realmente tomar esa responsabilidad».
Dado que existe una demanda en una corte de Washington paralela a la de California, el juez Sabraw señaló que resolverá si ampara temporalmente a familias recién reunificadas de una deportación hasta que el magistrado de dicha jurisdicción determine sobre el caso.
Sabraw determinó en junio que el Gobierno reunificara a las familias indocumentadas separadas en la frontera y estableció plazos para los niños menores de cinco años y otra fecha para los mayores de esa edad, los cuales el Gobierno cumplió parcialmente.
El propio juez ordenó a mediados de julio frenar temporalmente las deportaciones de familias recién reunificadas, mandato que sigue vigente hoy en día.
Abogados del Departamento de Justicia (DOJ) informaron que unos mil padres que forman parte de este litigio cuentan con una orden de deportación, mientras que unos 120 habrían renunciado a su derecho de ser reunificados con sus hijos.
