Santiago, R.D. – El presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago, ingeniero Andrés Cueto, dijo que la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, vigente desde el 28 de enero de este año 2026, representa un paso trascendental para el fortalecimiento institucional del Estado, al aumentar la transparencia, impulsar la digitalización y ampliar la participación de las MIPYMES y de las empresas lideradas por mujeres.
El también director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), valoró de manera muy positiva la nueva legislación, al considerarla una muestra concreta de que el presidente Luis Abinader ha cumplido su palabra en materia de transparencia y buen uso de los recursos públicos.
Cueto destacó que la promulgación y reglamentación de esta ley demuestra que la transparencia no es un discurso, sino una política de Estado.
“Hemos visto cómo el presidente Abinader firmó el reglamento de la Ley 47-25, colocando mayores niveles de vigilancia y control en los procesos de compras y contrataciones, protegiendo así el dinero del pueblo dominicano”, afirmó Cueto.
El dirigente político subrayó que uno de los avances más significativos de la normativa es que no sólo responsabiliza a ministros o directores, sino también a los comités de compras, peritos y veedores, quienes ahora pueden ser sometidos a la justicia en caso de irregularidades.
“Esto garantiza que cada peso del Estado sea manejado con responsabilidad y sin impunidad”, expresó.
En ese sentido, el funcionario vinculó estos avances con las históricas demandas sociales que dieron origen al cambio político, recordando que la sociedad reclamaba cárcel para los corruptos, recuperación de lo robado y cero impunidad. Indicó que el Gobierno ha logrado recuperar más de 6,500 millones de pesos producto de actos de corrupción y ha fortalecido una justicia verdaderamente independiente.
Asimismo, resaltó como ejemplo de ese nuevo modelo de gestión, la juramentación reciente de comisiones veedoras para supervisar la inversión de más de RD$2,000 millones de pesos destinados a la construcción y reconstrucción de instalaciones deportivas, como el Centro Olímpico de San Pedro de Macorís y La Vega, así como 23 techados en todo el país, garantizando transparencia y control ciudadano.
Finalmente, Andrés Cueto afirmó que la Ley 47-25 consolida a la República Dominicana como un referente democrático y económico en la región, respaldo que según organismos internacionales se refleja en las proyecciones de crecimiento económico del país.
“Esta ley fortalece la confianza, impulsa la inclusión, moderniza el Estado y reafirma que el cambio es transparencia, rendición de cuentas y supervisión en cada una de las etapas de ejecución de las obras”, concluyó.
