La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que despenaliza las relaciones homosexuales en el seno de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ha provocado una convergencia de condena entre las principales confesiones cristianas del país, católicos y evangélicos.
El nuevo obispo coadjutor de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, se ha erigido en la figura de la Iglesia Católica que tilda el fallo de «desacertado» e «inconveniente», reforzando el clamor de grupos como la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue).
En el centro de la controversia, el obispo Morel Diplán manifestó su profunda preocupación por la decisión judicial, exponiendo que el TC «debió ponderar mucho mejor el tema».
Desde su perspectiva, al anular los artículos que castigaban la «sodomía» en los Códigos de Justicia, el tribunal está «abriendo puertas en instituciones importantes como la Policía Nacional a la homosexualidad».
El prelado insiste en la necesidad de cautela social, señalando que la medida «manda una mala señal para la sociedad».
Su principal argumento se centra en la protección de la estructura familiar tradicional: «Hay que cuidar y resguardar los valores familiares, la unidad entre el hombre y la mujer».
Además, el obispo sugirió que el manejo de estos temas, la homosexualidad, se está realizando de manera sutil, trayendo a colación acciones previas como la boda entre dos hombres oficiada por el exembajador de Estados Unidos, James «Wally» Brewster.
El obispo concluyó con una rotunda desaprobación: «De manera que no veo conveniente, creo que es un paso desacertado de parte de la institución (Tribunal Constitucional)».
Evangélicos: «Una aberración ética»
La voz del obispo Morel Diplán se integra y potencia la airada respuesta que ya había emitido la comunidad evangélica, estableciendo un frente cristiano unificado.
Mesa de Diálogo y Representación Cristiana calificó la Sentencia TC/1225/25 como una «aberración ética» y un «golpe directo a los principios morales, éticos y espirituales» de la nación.
Consideran que la decisión es «inconstitucional» porque desconoce el marco valórico de la Carta Magna, y que introducir estas prácticas es «quebrar la esencia misma del cuerpo castrense».
Por su parte, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) aseguró, a través de su presidente, Feliciano Lacen, que el fallo constituye «un atentado directo contra las buenas costumbres, la moral pública y los valores tradicionales».
Advirtieron que la sentencia creará un «peligroso precedente» y cataloga el acto como un «proceso de erosión cultural».
Ambas entidades instaron a las autoridades competentes a «revisar, revertir o dejar sin efecto esta decisión» para evitar fracturas en el orden disciplinario y moral del país, reflejando la misma preocupación por la moral y la disciplina que expresó el obispo coadjutor.
La unidad de las iglesias se levanta contra el fallo que declaró inconstitucionales el artículo 210 de la Ley 285 (Código de Justicia de la Policía Nacional) y el artículo 260 de la Ley 3483 (Código de Justicia de las Fuerzas Armadas).
Las normas eliminadas sancionaban la «sodomía» (concúbito entre personas del mismo sexo) con penas de prisión correccional de dos meses a dos años.
El Tribunal Constitucional determinó que estas normas violaban el principio de razonabilidad y discriminaban de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectando derechos como la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo.
Sin embargo, el fallo no fue unánime porque la magistrada Eunisis Vásquez Acosta emitió un voto disidente, argumentando que las normas debieron ser analizadas bajo la óptica del régimen especial de disciplina militar.
En este régimen especial, agregó Acosta, la restricción de ciertos derechos fundamentales está permitida por exigencias funcionales de cohesión y orden, postura que indirectamente respalda la preocupación de las iglesias sobre el impacto disciplinario de la sentencia.
