La República Dominicana cuenta con un andamiaje legal que sanciona la difamación y la injuria. Están los artículos del 367 al 375 del Código Penal. Está el Decreto-Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. Y están también los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Todas establecen penas de prisión y multas para quien afecte la honra, el honor o la reputación de otros, por cualquier medio.
Han pasado 65 años desde el fin de la tiranía de 31 años. En todo ese tiempo, amparados en la libertad de expresión consagrada como derecho fundamental en nuestra Constitución, se han acuñado en el país aforismos, slogans y frases pegajosas. Repetidas hasta la saciedad por comunicadores y medios, algunas de esas frases terminan convirtiendo medias verdades en verdades absolutas. Ejemplos no faltan: “barrilito”, “cofrecito”. Y ahora el más reciente: “LEY Mordaza”.
¿¡LEY MORDAZA!?
Lo que hoy nos provoca risa, nos debería dar preocupación. Porque cuando la libertad de expresión se convierte en libertinaje, lo que viene después no es libertad. Es otra forma de tiranía.
Simplificar los debates públicos a conveniencia, como han hecho algunos, solo por caerle bien a un público y provocarle risa fácil, es una irresponsabilidad. Detrás de la chercha se esconde un problema muy serio.
El término “ley mordaza” se combate con un solo antídoto: la verdad. Y la verdad es que no existe ninguna “Ley Mordaza” en República Dominicana. Lo que sí existe son normas legales vigentes desde hace 65 años, que se han ido fortaleciendo a la par que se fortalece nuestra democracia.
Esa democracia que nació herida, luego de 31 años de dictadura, y que hoy algunos pretenden debilitar con la misma conducta irresponsable de antes. Me refiero a ciudadanos incontrolables, irrespetuosos, que desprecian lo público y que, amparados en la fama y en los seguidores, creen que todo se vale.
Y lo digo claro: LA DEMOCRACIA SIN ORDEN NO FUNCIONA.
A la democracia le han querido imponer una “democracitis aguda”. Y a las libertades las quieren degradar a la triste condición de “libertinaje”.
Se ha instalado en parte de nuestro pueblo la idea de que vamos de camino a una dictadura. Yo pienso distinto. El riesgo real es otro: la dictadura que quieren imponer ciertos inadaptados sociales. Gente que, bajo el título de “influencer”, o de “comunicador independiente”, entiende que la democracia no sirve y que lo que necesitamos es un outsider que venga a “poner orden” a su manera.
Las leyes que regulan el sector de la comunicación no están para callar a nadie. Están parta combatir la desinformación, la injuria y las acusaciones que se lanzan en redes sociales sin prueba, sin filtro y sin responsabilidad.
¿A quiénes afectan realmente estas leyes?
A un grupito que no tiene otro talento que la chercha irresponsable. A medios clandestinos y a algunos influencers que han hecho dinero a costa de acusar, contra-acusar, injuriar, y luego extorsionar: “si no me das tanto, sigo hablando”.
¿A quién se le prohíbe opinar?
A nadie. Usted puede opinar sobre un político, un funcionario o cualquier ciudadano. Lo que no puede es hacerlo fuera del marco de la ley. Porque junto al derecho a opinar, está el derecho del otro a defenderse, a su honra y a su buen nombre.
Opinar es un derecho. Acusar sin prueba es otra cosa. Y para que una acusación sea seria, debe tener asidero. Debe poderse demostrar. Eso es lo justo, lo honesto y lo correcto.
Criar una sociedad que solo grita, salta y patalea en busca de views y likes a costa de lo malo, es una sociedad que se autodestruye. Si normalizamos el chantaje y la extorsión como “contenido”, mañana no tendremos instituciones qué defender.
Que quede claro: esta ley no afecta al ciudadano común. Nuestro sistema de justicia no anda juzgando y encarcelando a diestra y siniestra. En democracia las decisiones las toma un juez, que juzga conforme a la ley. Y el sistema no está para perseguir a todo el mundo.
¿Entonces a quien sí? A ese grupito de “similindruño”. A esos dos o tres que viven de desinformar, de crear especulaciones sobre la función pública, para después ir a cobrar: “págame para callarme”.
¿Y qué pasa si no hay freno legal? Si nadie les para ese chantaje, solo quedan dos salidas: hacer lo mismo, que es inmoral e impracticable, o apelar a la violencia. Y ninguna de las dos le conviene a la sociedad dominicana.
Entonces, ¿qué hacemos con quienes descubrieron que viralizando, que, generando fama a cualquier costo, se ganan views, like y dinero “fácil”, aunque sea difamando, inventando mentiras y montando fotos y videos?
Lo repetiré, aunque duela a muchos y traiga malos recuerdos a cantarillas y sifones podridos, que me criticaron cuando lo dije aquella vez siendo Diputado: si seguimos hablando M… (digo… pleplas), difamando, criticando y destruyendo a las instituciones públicas, las veremos perder su razón de ser y desaparecer. Y cuando eso ocurra, volveremos a tiempos oscuros. A los tiempos en que a los periodistas que hablaban sin miedo y decían la verdad, les arrancaban la lengua y hasta la cabeza.
He dicho.
