El presidente francés, Emmanuel Macron, promulgó en la madrugada del sábado su impopular reforma de las pensiones, una «provocación» para los sindicatos y la oposición después de tres meses de un conflicto social que está llamado a continuar.
«Una ley promulgada de noche, como los ladrones», reaccionó el líder comunista, Fabien Roussel. «¡Qué provocación! Nueva fanfarronada de Emmanuel Macron mientras el país nunca ha estado tan fracturado», tuiteó la ecologista Marine Tondelier.
El Consejo Constitucional francés validó el viernes por la tarde el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.
Aunque esto representa una «victoria jurídica» para el mandatario liberal, de 45 años, la prensa de forma unánime estima este sábado que se trata de una «victoria pírrica» y «un desastre para la nación», máxime cuando una gran mayoría de franceses se oponía.
Los sindicatos habían advertido que Francia vive una «crisis democrática», después que el presidente decidiera a mediados de marzo adoptar por decreto su impopular ley, al temer perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta.
Esa decisión había radicalizado las protestas y, con su rápida promulgación, Macron «parece disfrutar echando más leña al fuego», estimó el líder del sindicato UNSA, Laurent Escure, para quien «nada bueno saldrá de esto».
El viernes, tras el dictamen del Constitucional, se registraron incidentes en varias ciudades como París, donde hubo 138 detenidos. En Rennes (oeste), se incendió la puerta de una comisaría y, en Marsella (sureste), se invadió la estación de trenes.
Las centrales sindicales, punta de lanza desde enero de la contestación, ya convocaron una «movilización excepcional» el 1º de mayo, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, para protestar contra la reforma.
Los opositores están decididos a continuar. En 2006, las protestas obligaron al gobierno del entonces presidente conservador Jacques Chirac a no aplicar un polémico contrato para jóvenes, pese a estar promulgado.
¿Cómo desactivar el conflicto?
El objetivo del gobierno es pasar página rápidamente con nuevas medidas en ámbitos como sanidad o educación, en plena preocupación de los franceses por su poder adquisitivo, pero el latente conflicto social supone un freno si no se soluciona.
Y no parece fácil. Los sindicatos rechazan reunirse con el gobierno y con Macron antes del 1º de mayo. El jefe de Estado, cuya popularidad cayó en los sondeos a menos del 30%, debería por su parte dirigirse al país en los próximos días.
El 3 de mayo, el Constitucional debe pronunciarse sobre una petición de la oposición de izquierda para organizar un referendo sobre limitar la edad de jubilación a 62 años, tras rechazar el viernes una primera solicitud similar.
Más allá de la reforma, que defendía para evitar un déficit de 13.000 millones de euros (14.400 millones de dólares) en la caja de las pensiones para 2030, el presidente se jugaba también poder aplicar su programa durante su segundo mandato hasta 2027.
En abril de 2022, Macron fue reelegido con un 58,5% de votos frente a la ultraderechista Marine Le Pen. Consciente de que su victoria se debió en parte al cordón sanitario contra su rival, prometió gobernar de otra manera y unir al país.
Pero el episodio de la reforma de las pensiones mostró lo contrario. La ley se adoptó usando polémicos mecanismos legales que limitaron el debate en el Parlamento y sin escuchar al rechazo mayoritario de la población y de los sindicatos.
«Hay una arrogancia en Emmanuel Macron que se alimenta de una ignorancia social», afirmó en el diario Libération el historiador Pierre Rosanvallon, para quien ahora podría volver «el tiempo de las revoluciones» o «el populismo de extrema derecha».
Las encuestas de opinión muestran por el momento un deterioro de la confianza de los franceses en las instituciones y una progresión en intención de voto de Marine Le Pen, pese a que su oposición a la reforma fue menos activa que la de la izquierda.
