Por un mandato constitucional, cada 27 de febrero, fecha en que se conmemora el aniversario de la Independencia Nacional, el presidente de la República debe acudir a la Asamblea Nacional, que es la reunión de todos los legisladores de ambas cámaras legislativas (senadores y diputados) en el Congreso Nacional, a rendirle un informe detallado al país, sobre la ejecución presupuestaria del año anterior, de los fondos públicos ejecutados por cada institución. Es una memoria de las obras ejecutadas, de las que se van a ejecutar próximamente, así como un informe de la situación política, económica y social en que se encuentra el país.
Esta vez, el Presidente de la República, Luis Abinader Corona, en una disertación de casi tres horas, hizo un recuento de todo lo que supuestamente ha ejecutado en los casi 6 años que lleva de gestión, no la del último año, como lo ordena la constitución de la República.
Para los legisladores, adeptos, funcionarios y partidarios del gobierno, presentes, que aplaudían emotivamente hasta la mínima respiración del mandatario, cada obra anunciada por el Presidente de la República en cada provincia, aunque no esté ejecutada en un 50%, aun las que tienen pocos meses de inauguradas y que ya presentan fallas y vicios de construcción; las que fueron realizadas, unas y remozadas, otras, hace varios años; cada promesa efusiva que este hacía, cada anuncio, cada ocurrencia, eran dadas como un hecho, como una realidad.
Pero para los que somos de provincias, para los que conocemos todo el accionar gubernamental y la realidad social de las mismas; los que escuchamos el sentir de los ciudadanos, consideramos que esa alocución parece ser extraída de la célebre novela “Alicia en el País de Las Maravillas”, pues la mayoría de las informaciones dadas a conocer al país por el señor Presidente Abinader en su extensa rendición de cuentas, están muy distantes de la realidad que hoy vive el pueblo dominicano.
Parece ser que, debido al descalabro, al debilitamiento y a la desconfianza que hoy se observa en el gobierno, se buscaba con dicha dicertación, impactar a la población, dando un golpe de efecto publicitario, para así tratar de confundir a la opinión pública. Pero aquí, ya conocemos, como decía el ex presidente Juan Bosch, “al cojo sentado y al ciego durmiendo”.
Por ejemplo, en la provincia de La Vega, de las tantas obras anunciadas, solo se conocen la terminación del Recinto de la UASD, que se encontró en un nivel de un 80% de ejecución. Todavía no se le ha pagado al ingeniero que ejecutó la obra hace más de tres años; el puente sobre el Río Camú, de la comunidad de Sabaneta, más de dos años que se concluyó y el remozamiento, no construcción de la avenida Pedro A. Rivera, que fue anunciada como una obra de la alcaldía de Kelvin Cruz, hace también, más de dos años.
Es importante señalar que el puente de la calle Antonio Guzmán Fernández, ubicado en la principal entrada y arteria comercial de La Vega, hace casi tres años que colapsó, sin que hasta ahora se observe que los trabajos avancen, lo que ha llevado a la quiebra a los comerciantes de esa zona.
Ese no es el sentir de la mayoría del pueblo dominicano, que observa cómo se ha disparado el costo de los productos básicos, el colapso de todos los servicios públicos: la falta de atenciones y de medicamentos en nuestros hospitales, la inseguridad ciudadana, la escasez de agua potable, la deficiencia y carestía de la energía eléctrica, el deterioro de la educación, del medio ambiente y de los recursos naturales, la mayoría de las obras públicas paralizadas, por la corrupción imperante sin la aplicación de un régimen de consecuencia, en fin, todo una odisea.
La propia iglesia católica, a través de la Carta Pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano, se ha hecho eco de este clamor.
La gestión del Presidente Abinader se ha caracterizado por la ineptitud, la improvisación, el derroche de los recursos públicos, en subsidios eléctricos, sin que se perciban los resultados esperados; para combustibles a los empresarios del transporte. También, por el desenfreno del endeudamiento externo, que ya se ha disparado a un nivel casi impagable, para cubrir gastos corrientes, para el pago de intereses de la propia deuda; para publicidad improductiva y para subsidios sociales, que terminan en las manos de quienes los distribuyen, en lugar de invertirse en obras de capital, capaces de generar desarrollo y crecimiento económico
Sobre la tan cacareada transparencia y el fortalecimiento institucional que este gobierno supuestamente está implementando, son pocos los que han podido tragarse esa píldora, pues los resultados no se observan. El caso del escándalo de Senasa, el Seguro Nacional de Salud, del que tanto se vanagloriaba el Presidente, lejos de ser una solución, ha agravado la situación económica de cientos de miles de dominicanos que hoy no pueden acceder a sus servicios, debido al desfalco ocurrido en dicho seguro. En este caso el remedio resultó peor que la enfermedad.
También, el del Servicios Nacional de Salud, en los Hospitales, el del Intrant, el de las cárceles La Nueva Victoria y el de otros tantos, nos indican que dicha transparencia y el fortalecimiento institucional no ha sido más que una quimera.
Sobre la reducción de la pobreza extrema, desarrollo económico y generación de empleos formales, resulta incoherente hablar sobre estos temas, cuando el costo de los productos de primera necesidad resulta inalcanzable para la mayoría de población; cuando los servicios públicos han colapsado.
La pobreza extrema se combate creando fuentes de empleos formales, impulsando empresas mediante alianzas público privadas, facilitando financiamiento blando a las micro, pequeñas y medianas empresas, garantizando servicios públicos eficientes y eficaces.
El autor es Contador Público Autorizado y Máster en Relaciones Interrnacionales
Ex diputado al Congreso Nacional
Ex Miembro de la Cámara de Cuentas de la República, 2010- 2016
