Santiago, República Dominicana. – La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago emitió la Sentencia Civil Núm. 365-2023-SSEN-00325, mediante la cual condenó a la comunicadora Carmen Leidy Peña Casilla al pago de una indemnización de RD$500,000.00 a favor del señor Junior Rafael Galán Santana, por los daños morales ocasionados tras una denuncia que posteriormente fue reconocida como falsa.
La decisión judicial establece que la señora Peña Casilla incurrió en un abuso de derecho al presentar acusaciones de agresión física y violación sexual contra Galán Santana, hechos que más adelante desmintió mediante un acto formal de desistimiento, admitiendo que la denuncia fue realizada bajo un estado de embriaguez y basada en una versión incorrecta de los hechos.
El tribunal consideró probado que dicha denuncia provocó un grave daño reputacional y moral al señor Junior Rafael Galán Santana, quien enfrentó un proceso penal que incluyó medidas de coerción, restricciones judiciales y una amplia exposición pública.
La sentencia también resalta que el proceso penal culminó con un auto de “No Ha Lugar” emitido por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, decisión posteriormente confirmada por la Corte de Apelación, al determinarse la inexistencia de pruebas suficientes para sostener la acusación.
En su motivación, el tribunal sostuvo que el ejercicio de un derecho no puede degenerar en actuaciones realizadas con ligereza, mala fe o abuso, especialmente cuando afectan el honor, la dignidad y la reputación de una persona.
Asimismo, la jueza María de la Cruz Tejeda Suazo determinó que, aunque no fueron probados los daños materiales reclamados por la parte demandante, sí quedó evidenciado el daño moral sufrido por Galán Santana, razón por la cual fijó la indemnización en la suma de quinientos mil pesos dominicanos.
La sentencia reafirma la importancia del debido proceso, la responsabilidad en el uso de los mecanismos judiciales y la protección de los derechos fundamentales frente a denuncias temerarias o infundadas.
