El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, dijo que esa alta corte nunca se había visto tan en peligro como hoy día.
El juez señaló que varios de sus compañeros salientes le han externado preocupación por el rumbo que pueda tomar esa alta corte en lo adelante.
Añadió que algunos de los jueces que dejarán el Tribunal Constitucional le han externado su preocupación de que el organismo pueda ser afectado por intereses particulares.
Subrayó que, «todo el mundo sabe que eso es posible, pero yo puedo asegurarles a ustedes, que yo no me prestaré nunca a apoyar ningún interés particular».
«Hasta ahora no he visto ningún sesgo particular que trate de contaminar las decisiones del Tribunal Constitucional. Hasta ahora, hasta ahora, pero si eso pasara señores… mis colegas verán las garras y no voy a guardar silencio, yo no voy a guardar silencio, porque este país no van a hipotecarlo y si los americanos quieren que me quiten la visa como se la han quitado a otros, que me la quiten como se la han quitado a otros», dijo el juez.
«…cuando no los castiga la sociedad, entonces el poder extranjero les quita la visa. Y yo me pregunto: ¿Cuál es la moral? ¿A quién le conviene más la estabilidad institucional democrática de la nación, a los pobres o a los que más tienen?», cuestionó Vargas, al referirse a las supuestas presiones a las que se enfrentan los jueces.
Expresó que cuando se «arma una guerra, entre los pobres se tiran piedras, pero los poderosos económicamente se tiran misiles», por lo que entiende que es importante que en el país haya un Estado de derecho, donde «quienes más tienen que garantizarlo son aquellos que tienen más que perder».
«Yo no puedo dejar pasar esta circunstancia para hacerle un llamado a los que más tienen, para que defiendan la democracia. Que no traten de imponer criterios», sugirió el magistrado.
En el acto, el juez puso en circulación el libro “El Tribunal Constitucional y las garantías de derechos fundamentales”.
Dijo reconocer la circunstancia en la que llegó al Tribunal Constitucional, que “no fue por una voluntad determinada sino fruto de una circunstancia política vivida”.
Dijo que fue votado por los tres partidos principales del sistema: el Revolucionario Moderno, de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. Y que no fue votado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; ni de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito y tampoco de la jueza de la Suprema Nancy Salcedo, secretaria del Consejo.
